El juez Ruz decidirá si admite la querella de Podemos contra la familia Pujol

Reclama a la Audiencia Nacional que investigue la relación entre las «dos facciones» en que se divide el clan Pujol: por un lado el empresarial y el político


El juez de la Audiencia Nacional deberá decidir sobre la querella que ayer interpusieron en la Audiencia Nacional Podemos, Guanyem e ICV, entre otros colectivos, para que se investigue el entramado societario de la familia Pujol por su presunta relación con adjudicaciones públicas en Cataluña.

Según han informado hoy fuentes jurídicas, la querella que ayer fue presentada en el registro de la Audiencia Nacional ha sido derivada al juzgado de Ruz por la posible conexión con la investigación que tiene ya abierta con el hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal y al que tomará declaración por primera vez el próximo día 15.

No obstante, si Ruz considera que se trata de hechos distintos, podría remitir la querella a reparto, con lo que podría recaer en otro de los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, incluso serle devuelta de nuevo.

Antes de decidir si se admite a trámite la querella, el juez al que finalmente le corresponda deberá también analizar si los hechos denunciados son competencia de la Audiencia Nacional.

En la querella se acusa a la familia Pujol de delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación.

En ella reclama a la Audiencia Nacional que investigue la relación entre las «dos facciones» en que se divide el clan Pujol: por un lado el empresarial -liderado por Jordi, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola-; y por otro el político, integrado por el propio expresidente y por su hijo Oriol.

La querella la han redactado los servicios jurídicos de Guanyem y de Podemos/Podem, con el asesoramiento el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que en 1984 intentó sin éxito que se procesara al expresidente catalán por el caso Banca Catalana.

Según Villarejo, la querella se ha presentado ante la Audiencia Nacional por una cuestión de competencia territorial, dado que el entramado de empresas controlado por la familia Pujol y sus allegados, en sectores tan dispares como el petrolífero, el eólico o los campos de golf, están distribuidos por toda la geografía española, con sociedades hasta en Melilla o Las Palmas.

El objetivo de esa iniciativa judicial, según los propios querellantes, es averiguar si el origen de la fortuna de los Pujol tiene algo que ver con el poder acumulado durante todos estos años, ya que considera que la carta de confesión del expresidente catalán no es más que una «coartada precipitada, mal preparada», dado que hasta su hermana afirmó desconocer la existencia de la supuesta herencia oculta al fisco.

Por ese motivo, piden, entre otras diligencias, que se investiguen las adjudicaciones públicas a empresas de los hijos de Pujol mientras éste fue presidente, como Indra o el parque eólico adjudicado a una empresa de Pere Pujol, por lo que aporta certificaciones registrales de una treintena de empresas de la familia para que se indague su historial.

Villarejo cree «difícil» saber el origen de la fortuna familiar, pero ha advertido de que una quincena de sociedades de sus hijos fueron constituidas en los años 89 y 90 con «un capital muy significativo», cuando Jordi Pujol era presidente de la Generalitat.

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