Su plan, condicionado a que haya consenso, es pasar de 17.500 a una veintena
30 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Mariano Rajoy se ha opuesto hasta ahora a abrir un proceso de reforma de la Constitución, pese a que los socialistas insisten en ello para intentar resolver, por ejemplo, el encaje de Cataluña en España. Sin embargo, el Gobierno mostró ayer su disposición a tocar la Carta Magna para suprimir el aforamiento de miles de políticos, jueces y fiscales, y dejarlo solo para una veintena de altos representantes de las principales instituciones del Estado. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció esta intención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la condicionó a que haya un gran consenso político.
«El Gobierno es partidario de abrir el debate» sobre los aforados «en el marco de las medidas de regeneración democrática» que el Ejecutivo tiene intención de plantear al resto de los partidos a lo largo del mes de septiembre. En este programa de acción es en el que se incluye la reforma para modificar la elección de los alcaldes. Sáenz de Santamaría precisó que la intención de Rajoy es escuchar lo que el resto de los partidos tienen que decir al respecto, cuáles son sus posiciones y ver si hay una base de acuerdo suficiente para seguir adelante con una reforma que obligaría a tocar la Constitución, y para lo que sería necesaria el voto favorable de tres quintos de los diputados. Es decir, no bastaría con la mayoría de que dispone el PSOE.
En España hay más de 17.500 aforados. La inmensa mayoría son jueces y fiscales. Pero, además, unos dos mil políticos, básicamente los miembros del Gobierno y de los ejecutivos autonómicos, así como diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. El aforamiento procede de fuentes diferentes, lo que complica la fórmula para suprimirlo. El artículo 71 de la Constitución, en su apartado 3, señala que «en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». En la misma línea, según el artículo 102, «la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Los estatutos de autonomía aforan a sus parlamentarios y consejeros ante sus respectivos tribunales superiores, mientras que los miembros de la carrera judicial son aforados en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta última es la única modificación que el PP, dada su mayoría parlamentaria, puede hacer en estos momentos en solitario. En el resto de los casos deberá contar con el apoyo al menos del PSOE, para reformar la Constitución, y negociar con todas las comunidades para que sus respectivos parlamentos modifiquen su estatuto de autonomía en ese sentido.
«Siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate», concluyó la vicepresidenta del Gobierno, cuya intención es reducir el número de aforados a poco más de una veintena, que incluiría a los miembros de la familia real, los presidentes del Gobierno y de las más altas instituciones del Estado (Congreso, Senado, Supremo y Constitucional), así como los jefes de Gobierno autonómicos.
La propuesta fue bien recibida por los principales partidos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró que respaldará «todas aquellas medidas que impliquen limpieza, regeneración democrática y reducción de los privilegios que así son percibidos por la sociedad española». Izquierda Unida se mostró partidario de eliminar absolutamente todos los aforamientos, y criticó que «el Ejecutivo del PP toma esta iniciativa después de meses de presión social y tras las propuestas realizadas por distintas formaciones políticas para acabar con el actual régimen de aforamiento». Crítica compartida por Rosa Díez, quien, no obstante, valoró de forma positiva el anuncio. «Echaremos una mano de inmediato al Gobierno para recortar aforados», dijo.