Tener mayoría absoluta permite conducir derrapando, lo que puede resultar excitante, pero con peligro para otros. Rajoy, o su gente, al volante del Gobierno, patinan por la pista política sin atender a los requerimientos de otros conductores de partidos. Empeñada en aprobar una nueva ley electoral para los municipios a menos de nueve meses de acudir a las urnas, la dirección popular centra su batalla interna en acallar a sus ediles, que, razonablemente, preferirían cambiar las normas con consenso. Agustín Hernández, alcalde de Santiago, ya está en esa línea, en contra de lo que expresaba hace un par de meses. Ana Botella acaba de decir que cambios sí, pero mejor con consenso. A ver cuánto tarda en rectificar. Sobre todo, porque para su puesto hay otras dos candidatas: Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, y Esperanza Aguirre, que no lo confirma, pero no lo desmiente.
¿Le sale a cuenta a Rajoy y a su partido cambiar las leyes electorales para aferrarse al poder, como ya ha hecho la señora Cospedal en Castilla La Mancha, en vez de llegar a acuerdos? Seguramente no, pero lo más probable es que en el PP ganen otra vez los partidarios de arrasar, de conducir derrapando, en vez de dialogar. Malas noticias porque ahora la oposición tampoco quiere dialogar. No olvidemos el daño causado al sistema educativo por el rechazo de una Ley de Educación consensuada, con voluntad de durar décadas y no solo las legislaturas de cada alternancia. La impulsaba Ángel Gabilondo, el mejor ministro de Educación de los últimos tiempos, según reconocen en privado incluso algunos populares, pero se impuso la línea dura. Después vino Wert y una sucesión de despropósitos que hubiéramos podido ahorrarnos.
Ahora la excusa es Podemos, pero hubiera sido cualquier otra, para imponer su reforma cuando ciudad a ciudad parece demostrarse que, además del PP, saldrán beneficiados de la medida sobre todo Bildu y Esquerra Republicana. ¿Y eso conviene a España? Winston Churchill diferenciaba entre políticos y estadistas: «Los primeros solo piensan en las próximas elecciones; los segundos en las próximas generaciones».
Y mientras Rajoy derrapa en la política nacional, hace sus pinitos en la internacional como anfitrión de Angela Merkel, y mientras Mas sigue su huida aunque la fractura catalana ya se refleje en expertos y magistrados, Pujol afronta todo su calvario con el freno de mano puesto. Con un bufete de abogados alejado de la órbita de Convergència, ha planeado una estrategia para tratar de salirse de rositas del embrollo. La familia se ha querellado contra dos empleados de las entidades andorranas en las que tienen fondos pero no con la institución financiera, para tratar de evitar un enfrentamiento con bancos de otros países en los que supuestamente guardan la herencia del abuelo Florenci. La herencia más el botín de las comisiones del tres por ciento que ya denunciara Pasqual Maragall en sede parlamentaria hace diez años.
Lo último es que Pujol comparecerá ante el Parlamento catalán. Los frenos no fueron suficientes. Todo el arco parlamentario ha empujado para moverlo, incluida Convergència, el partido que fundó. La relación es de corte absoluto con seguidores suyos, antes incondicionales, como Xavier Trias, alcalde de Barcelona, que le reclamó la medalla de oro de la ciudad. Ya la ha devuelto.
La relación con Mas estaba ya quebrada desde hace tiempo cuando el actual presidente inició su deriva soberanista, en contra de la opinión privada de su antecesor, que temía lo que vino después: la respuesta de algunos mecanismos del Estado. «¿Qué coño es eso de la UDEF?», se preguntó alterado Jordi Pujol en un programa de TV cuando le informaron en directo de que le estaban investigando. La Unidad de Delitos Económicos y Financieros es la que ha acorralado a la familia. Antes su foco estaba en otras fortunas y miraba para otro lado. De ahí la desazón del ex muy honorable.