Novo Carthago, la investigación judicial que pone cerco al ex presidente murciano Ramón Luis Valcárcel

Con tres consejeros y cinco directores generales ya imputados, el juez analiza ahora el papel del expresidente murciano en una recalificación presuntamente ilegal

colpisa

En los tiempos dorados del bum inmobiliario fueron decenas los grandes complejos urbanísticos que se promovieron en Murcia por parte de las mayores constructoras de toda España. Pero para ver a quien hasta hace nada ha sido presidente de la comunidad, el popular Ramón Luis Valcárcel, avalando con su presencia uno de los proyectos hay que remontarse al 12 de junio de 2003. Fue el día en el que se presentó oficialmente el macrocomplejo Novo Carthago: diez mil viviendas a orillas del Mar Menor, además del ineludible campo de golf, con una inversión estimada por la promotora Hansa Urbana en mil millones. No existe constancia, ni gráfica ni en la memoria, de que Valcárcel presidiera la puesta de largo de cualquier otro complejo.

La fecha del acto celebrado en el lujoso hotel Príncipe Felipe de La Manga tiene trascendencia. La presentación vino a coincidir en el tiempo con el primer paso del que sería un largo itinerario administrativo hasta conseguir que ese complejo tuviera encaje, aunque fuese a puñetazos normativos, en una legislación que impedía edificar en terrenos protegidos.

Esa misma mañana del 12 de junio, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, firmó la orden de reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Mar Menor, una decisión adoptada de oficio y sin cuya modificación habría resultado inviable el complejo.

Los interrogantes que surgen ya en este punto son numerosos, sobre todo en lo referente a las garantías que habrían recibido Hansa Urbana, y su presidente, Rafael Galea, acerca de la favorable respuesta que se iría dando a los impedimentos legales y técnicos que afrontaba el proyecto. Porque para ese momento la promotora -con participación mayoritaria de la extinta CAM- ya había invertido muchos millones en terrenos protegidos.

La tramitación del proyecto superó los obstáculos en su itinerario por tres consejeros distintos: Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, y concluyó cuando el último aprobó el 31 de marzo de 2005 los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena. Una firma que convertía en urbanizables unos terrenos protegidos por su valor ambiental.

El cúmulo de supuestas ilegalidades que se habrían cometido hasta llegar a ese momento fue especialmente prolijo. Así lo afirma, en reiterados autos, el magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del tribunal superior de Murcia, Manuel Abadía, que desde hace un año impulsa, junto al fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, la investigación del caso. El juez centra su atención en el papel jugado por Valcárcel. Y ya ha dejado constancia en sus interrogatorios de su convicción de que el único que pudo convocar esa cumbre en San Esteban fue Valcárcel, en un aparente intento de escenificar su respaldo al proyecto, y ha apuntado que minutos antes se había reunido en su despacho con Cerdá y Luna. Valcárcel se niega a aclarar este extremo, que podría resultar crucial para determinar las responsabilidades.

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