Los partidos exigen explicaciones y una investigación a fondo tras la revelación de Jordi Pujol
ESPAÑA
El expresidente de la Generalitat realizó dos regularizaciones del dinero negro que ha reconocido tener
27 jul 2014 . Actualizado a las 01:31 h.La indignación es el sentimiento generalizado entre todos los partidos tras conocer que Jordi Pujol, durante años mayoritariamente alabado por su contribución al éxito de la implantación del estado autonómico nacido del pacto constitucional y a la gobernabilidad de España, era en realidad un defraudador fiscal confeso y un usuario pertinaz de los paraísos fiscales desde hace más de tres décadas
Las reacciones de PSOE y PP y de partidos catalanes como Iniciativa, PSC o Ciutadans fueron duras y coincidieron en exigir a quien fue el máximo responsable de la Generalitat durante más de 20 años la dación inmediata de amplias explicaciones públicas sobre el origen de su fortuna, la renuncia urgente a cualquier cargo político y privilegio derivado de sus antiguas funciones institucionales, y la apertura de investigaciones fiscales y judiciales para llegar hasta el fondo de este presunto culebrón familiar de dinero negro y evasión de capitales.
La exministra de Defensa y dirigente del PSOE Carmen Chacón aseguró que la confesión de Jordi Pujol es de una «gravedad extrema» y que como una de los millones y millones de catalanes que crecieron con Pujol como presidente de la comunidad reclama «urgentes y amplias» explicaciones. El líder del PSC, Miquel Iceta, confesó estar «profundamente decepcionado» porque una persona con tan altas responsabilidades haya engañado de esta forma a los ciudadanos y teme que será un elemento más para agravar el desprestigio de la actividad política.
Borja Semper y Juan Manuel Moreno, del PP, hablaron de comportamiento «vergonzoso» y de «34 años de cinismo y mentiras», que fue el tiempo que mantuvo Jordi Pujol en secreto su fortuna oculta en el extranjero mientras ejercía el liderazgo institucional. Semper aseguró que le produce idéntico «asco» que escándalos como el de Luis Bárcenas o los ERE fraudulentos de Andalucía. Joan Herrera, de Iniciativa, reclamó que Pujol acuda de inmediato al Parlamento catalán a aclarar este «insulto» a la Generalitat y a todos los trabajadores y que se investigue si los hechos están vinculados a la financiación irregular de CiU. Matías Alonso, de Ciutadans, cree que Cataluña está más cerca se ser Sicilia que la Dinamarca que promete Artur Mas y exige al expresident que «abandone cualquier relación con la política y renuncie a todas las prebendas de las que goza» por su antiguo cargo.
Regularizaciones y declaraciones complementarias
Los datos que han trascendido hasta el momento apuntan a que siete de los presuntos ocho herederos de la fortuna que el abuelo Florenci Pujol se llevó en los años 70 al extranjero -la mujer de Jordi Pujol y sus siete hijos- ya habrían traído el dinero negro a España y habrían pagado a la Agencia Tributaria, o estarían en trámite de hacerlo, por este patrimonio ocultado durante años. El único que no habría legalizado su situación sería el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que está de hecho inmerso en un proceso judicial por sus bienes en paraísos fiscales.
Los más beneficiados en su puesta al día con Hacienda habrían sido Oleguer y Josep Pujol, que se anticiparon al resto de la familia y repatriaron los fondos opacos aprovechando la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el 2012. Entre los dos habrían aflorado algo más de cinco millones de euros por los que solo habrían pagado al fisco el 10 % que exigió Cristóbal Montoro para la regularización.
Los otros cinco -Marta Ferrusola y sus hijos Oriol, Marta, Mireia y Pere- han legalizado sus fondos en España, algo menos de cinco millones de euros, según La Vanguardia, este mismo mes. Al tratarse de ganancias patrimoniales no justificadas y procedentes del extranjero habrán tenido que abonar a la Agencia Tributaria al menos un 55% del nominal. La razón es que tendrán que pagar un 43 %, el tipo máximo, además de un 20 % adicional de recargo por no haber usado el plazo legal y otro 5 % anual, desde el 2012, como intereses de demora.
Los expertos fiscales indican que no se les debería haber aplicado la sanción adicional del 150 % del valor defraudado por haber sido un afloramiento voluntario, no derivado de una inspección o de un proceso penal.