El Gobierno aprueba un proyecto de ley de seguridad ciudadana retocado y suavizado

Algo más de medio año después de haber dado el visto bueno a un primer borrador que concitó fuertes críticas de los órganos consultivos a los que fue sometido y un rechazo social casi unánime, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un nueva versión del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que rectifica y suaviza el primero, al corregir algunos de los puntos críticos señalados por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que indicaban algunos rasgos de dudosa constitucionalidad.

El anteproyecto que será remitido al Congreso para sustituir a la ley Corcuera vigente desde 1992, se justifica por el proyecto de modificación del Código Penal, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, que prevé la despenalización de las faltas con lo que la sanción de determinadas conductas solo será posible por vía administrativa.

Más garantista

Identificaciones. La identificación de las personas ahora se limita a los supuestos en que la policía lo considere razonable para la prevención de un delito, nunca frente a una mera infracción administrativa. Solo podrán ser trasladados a comisaría aquellos que no puedan ser identificados en la calle cuando eso resulte necesario para impedir un delito o sancionar una infracción cometida.

Regulación de los cacheos

Solo los imprescindibles. Los controles y cacheos en la calle se restringen mucho y únicamente se harán si el objetivo es descubrir al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social. Por primera vez se regula cómo serán los cacheos corporales, cuya única finalidad será cuando haya motivos para suponer que pueden conducir a prevenir o esclarecer un delito. Deberán hacerse por un agente del mismo sexo que el sospechoso y si a este se le obliga a desnudarse parcialmente, eso deberá hacerse en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.

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Sujetos responsables

Padres y tutores. Siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, el anteproyecto establece, por primera vez, la responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores por los daños o perjuicios ocasionados por los menores. Se elimina toda posible atribución de responsabilidad de los organizadores de reuniones o manifestaciones por las infracciones en que puedan incurrir los participantes. De acuerdo con el Consejo de Estado, no se considera organizadores a los meros inspiradores. Se suprime la atribución de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones por las infracciones que cometan terceras personas.

Infracciones muy graves

Sensible reducción. El catálogo de sanciones se verá reducido sensiblemente de 58 a 47. Las muy graves se han quedado en cuatro: el vandalismo aeronáutico, consistente en la proyección de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes (613 casos en el 2013), las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad, la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

Multas

La misma cuantía pero con gradación. La cuantía de las multas sigue oscilando entre los 100 y los 600.000 euros. La única novedad radica en los tramos establecidos: muy graves, de 30.001 a 600.000 euros; graves, de 601 a 30.000 y leves, de 100 a 600 euros.

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