Gobierno y oposición están cada vez más lejos de pactar medidas de regeneración

El PSOE arguye que el caso Bárcenas resta credibilidad a Rajoy y este insinúa que si hace falta las aprobará solo


madrid / colpisa

La posibilidad de que Gobierno y oposición cierren en otoño un pacto de Estado con medidas para la regeneración democrática de las instituciones y la mejora de la lucha contra la corrupción parece cada vez más lejana. Mariano Rajoy insiste en que en septiembre abrirá un diálogo con los grupos del Congreso para tratar de acordar las leyes de reforma de la financiación de partidos y de refuerzo del Tribunal de Cuentas, el nuevo estatuto del alto cargo, el endurecimiento del Código Penal y otras propuestas de última hora, como la elección directa de alcaldes o la reducción del número de aforados, pero la oposición le responde con negativas.

Las objeciones de fondo, de las que participan tanto PSOE como IU, UPyD y PNV, son principalmente dos. Consideran que los casos Bárcenas y Gürtel y la financiación irregular no reconocida por el PP, así como otras posibles corruptelas que salpican al partido en varias comunidades, restan toda credibilidad a sus propuestas y que, en el fondo, el presidente del Gobierno se ha puesto al frente de la manifestación regeneradora solo para tratar de minimizar la factura electoral que le pueden pasar los escándalos en las votaciones del 2015, de la que recibió el primer aviso serio en las europeas. De hecho, la última sesión de control al Gobierno del curso político terminó ayer en el Congreso en las antípodas del pacto. Acabó con Rajoy y los socialistas a ambos lados de la trinchera, predicando la mutua desconfianza y lanzándose sus respectivos casos de corrupción a la cara.

La ayer portavoz socialista, Soraya Rodríguez, le dijo al presidente del Ejecutivo que no haber asumido responsabilidades políticas por el caso Bárcenas le quita toda «credibilidad» para liderar paquetes de regeneración democrática. De igual manera, cree que su propuesta de asignación de la alcaldía a la lista más votada no busca mejorar la democracia sino que refleja «miedo a perder el sillón, el de algunos municipios y también el de Génova 13 [la sede nacional del PP], pagado con la caja B del partido».

Rodríguez, quien le recordó que en el último año los jueces han dictado varios autos que afirman la existencia de financiación ilegal y de pagos en negro en el PP sin que nadie haya dimitido, aseguró que ahora solo quieren que gobierne el líder de la lista más votada porque han hecho cuentas tras las europeas y creen que van a perder el gobierno de 40 ciudades importantes. La portavoz, que anticipó que el PSOE no respaldará la reforma electoral que sugiere Rajoy, le advirtió de que espera que ante la ausencia de apoyos no se atreva a cambiar las reglas ocho meses antes de los comicios municipales con los únicos votos del PP.

Financiación ilegal

El presidente del Gobierno se reafirmó en que la elección directa de alcaldes es una propuesta regeneradora y mostró su extrañeza ante el rechazo de los socialistas porque llevaban ese cambio en su programa del 2004. Tras fijar este punto, Rajoy pasó al ataque y dio a entender que si quieren impulsar medidas regeneradoras tendrán que obviar los casos de corrupción pasados, que no afectan solo al PP. Recordó que mientras él compareció hace un año en el Senado para negar la existencia de financiación ilegal en el PP, el PSOE aún no ha explicado «qué han hecho con el dinero público de los ERE». «Cuando lo hagan estaremos igual», dijo. Y dio a entender que, con consenso o sin él, el PP sacará adelante las principales reformas del paquete regenerador.

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