El anteproyecto que irá mañana al Consejo de Ministros incluye muchas de las recomendaciones críticas de jueces y fiscales
10 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno dará luz verde este viernes al nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que sustituirá a la controvertida ley Corcuera. El texto que llega al Consejo de Ministros se parece muy poco al corpus normativo que el ministro Jorge Fernández Díaz presentó al calor de los disturbios del 15-M y que provocó una avalancha de críticas de jueces y fiscales por su dureza penal contra todo tipo de protestas.
La llamada ley Fernández, que estaba llamada a ser el proyecto estrella del Ministerio del Interior, será al final mucho más suave que lo que apuntaban sus borradores, porque el Gobierno ha decidido incluir la inmensa mayoría de las recomendaciones de los órganos consultivos -Poder Judicial, Fiscalía y Consejo de Estado-, que habían advertido de la inconstitucionalidad de muchos de los preceptos.
Las novedades
Del texto que comenzará en breve su andadura parlamentaria desaparecen algunas de las cuestiones más espinosas, tales como identificaciones por meras faltas administrativas, practicar cacheos casi de desnudos integrales, responsabilizar de las posibles algaradas a los convocantes de las manifestaciones o concentraciones legalmente autorizadas, disolver reuniones ante la sola posibilidad de «riesgo» de «alteraciones de la seguridad ciudadana», transformación de infracciones en simples faltas sin control judicial o que la simple declaración de un policía tuviera valor probatorio en una denuncia y no, como hasta ahora, de simple testimonio más en la causa.
Retenciones temporales
Sí se va mantener, sin embargo, otro punto también polémico, la retención policial, una figura diferente a la detención y que actualmente no tenía ningún límite temporal. El texto prevé que los agentes puedan inmovilizar a un ciudadano sin presentar cargos contra él, pero solo en tres supuestos: cacheos, pruebas de alcoholemia e identificación, y por un tiempo máximo de seis horas. La identificación sí que será posible para prevenir la comisión de delitos o para sancionar infracciones, pero no por meras faltas.
El proyecto suaviza igualmente la sanción por fotografiar o tomar imágenes a policías. Solo será una infracción si esas grabaciones suponen un peligro para el funcionario o su familia, si pueden poner en riesgo una operación o recogen instalaciones sensibles.
También se dulcifica mucho el tratamiento que Interior quería dar a iniciativas como la de Rodea el Congreso. Solo serán faltas graves si esas protestas, en los aledaños de la cámara baja, el Senado o los parlamentos autonómicos, provocan una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
El nuevo anteproyecto del Gobierno, en materia de prostitución, considera infracción grave solo solicitud de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público pero no el ofrecimiento de los mismos.
También incluye en el capitulo de infracciones graves los daños a mobiliario urbano, el provocar incidentes escondidos tras las capuchas, amenazar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones o protestas y plantar marihuana aunque no sea para su venta, Las multas oscilarán entre los 1.001 y los 30.000 euros.