Tanto ella, como los tres colaboradores de Unifica que hoy también han prestado declaración como imputados -Laura Montero, María Rey Salinero y Claudio Montero- han rechazado que la empresa manejara dinero en B y que cuando hablan de B, tal y como consta en los correos electrónicos que se les intervinieron, se refieren a dinero en metálico o a una caja azul que tenían en la oficina para sus gastos diarios. De esa caja, han explicado, cogían dinero para sus gastos de taxis, galletas, e incluso de viajes y han admitido que en algún momento podían guardar ahí hasta 50.000 euros, pero lo hacían por si surgía alguna contingencia de última hora o llegaba algún cargamento de ladrillos que tenían que pagar en ese momento. En cuanto a los listados de pagos de salario en A y B, García ha indicado que no se refería al modo de pago sino al planteamiento de «dos escenarios distintos».
Ruz la llamó a declarar a ella y a los tres colaboradores de Unifica tras recibir el citado informe de la UDEF y otro preliminar de Hacienda con los que el juez ha constatado «la realidad de los apuntes contables consignados» por Bárcenas, en lo referente a las «salidas o entregas de dinero en efectivo» para Gonzalo Urquijo de la supuesta caja B del PP y que ascenderían a 888.000 euros. De confirmarse lo reflejado en sendos informes, el juez estima que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y falsedad contable.
