La idea, que busca comprobar si las normas cumplen con los objetivos para los que se crearon, se enmarca dentro de un nuevo diseño del procedimiento legislativo
07 jul 2014 . Actualizado a las 21:48 h.El PP ha ofrecido a la oposición crear un mecanismo de control de la eficacia de las leyes que aprueba el Parlamento, aunque nada se ha concretado a la espera de la próxima reunión de la ponencia encargada de la reforma del Reglamento del Congreso de 1982, que se ha emplazado al 15 de septiembre para cerrar ya un nuevo diseño del procedimiento legislativo.
En una reunión de hora y media de duración, los grupos parlamentarios han continuado avanzando en la revisión de sus normas de tramitación de las iniciativas legislativas con idea de simplificar los debates y promover la participación de los ciudadanos y grupos de interés.
Se trata del primero de los once bloques en que se dividirá el debate para reformar el Reglamento, y más adelante vendrán otros asuntos «más espinosos» como el control parlamentario del Gobierno o los deberes de los diputados.
En la cita de este lunes, el PP ha ofrecido crear algún tipo de mecanismo de control para medir la eficacia de las leyes y comprobar si van cumpliendo los objetivos por los que se idearon. De momento no se ha cerrado ningún modelo y se han limitado a examinar los que existen en otros países. En Estados Unidos y Suecia, por ejemplo, tienen un órgano del Poder Legislativo, mientras que en Francia cuentan con una institución que depende del Gobierno. Los populares piensan más en un modelo mixto con presencia de expertos independientes.
Según ha explicado Arenales Serrano, ponente del PP, lo que se pretende es que el Parlamento se «autoevalúe» para ir haciendo «leyes más eficaces». Su idea es hacer un seguimiento tanto de las proposiciones no de ley aprobadas en la Cámara, las que instan al Gobierno a tomar medidas, como las iniciativas legislativas que se publican en el Boletín Oficial del Estado.
Dar voz a los promotores de ILP
Otro de los asuntos tratados en la reunión de este lunes es la participación ciudadana en las leyes que tramita el Parlamento, con especial hincapié en las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que llegan al Congreso con el aval de al menos medio millón de firmas.
Mientras el PSOE, UPyD y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) abogan por que los impulsores de este tipo de iniciativas ciudadanas puedan explicarse en sesión plenaria, el PP tiene dudas de que pueda ser así porque defiende que en el Pleno solo pueden intervenir los representantes de los ciudadanos, con la única excepción del Defensor del Pueblo.
Su alternativa es que los promotores de una ILP puedan presentar su texto en una jornada de trabajo en comisión, sometiéndose a las preguntas de los grupos. Después se produciría el debate en el Pleno del Congreso donde ya los partidos tendrían todos los argumentos para votar si la admiten o no a trámite.
En la anterior reunión ya se había acordado también facilitar la recogida de firmas para las ILP -la Constitución exige 500.000 para poder presentarla- a través de un formato electrónico y en la página web del Congreso.
Además, hay consenso para abrir el portal web de la Cámara para que los ciudadanos puedan hacer sugerencias por escrito y para que los grupos de interés (lobbies) o los afectados por una determinada ley puedan pedir audiencia ante los diputados.
De la misma forma, hay acuerdo sobre la conveniencia de que el Gobierno remita al Congreso para su publicación en la página de Internet de la Cámara toda la documentación relativa a los proyectos legislativos, como ha pedido, por ejemplo, el Grupo Socialista.
Debate político en el pleno, lo técnico en comisión
Los grupos también comparten la necesidad de diferenciar el papel del Pleno y el de las ponencias y las comisiones. En concreto, quieren reservar para el hemiciclo los debates eminentemente políticos -los que versan sobre los principios generales de las leyes y su oportunidad- y dejar para la ponencia y la comisión los aspectos más técnicos.
En este punto, PSOE e IU defienden que todos los proyectos de ley que apruebe el Gobierno sean sometidos a un debate en el Pleno, algo que ahora sucede solo si algún grupo presenta una enmienda de totalidad pidiendo su devolución al Gobierno.
Además, para dar más importancia a las ponencias, el PP quiere que en cada ley se nombre un ponente que dirija el trabajo en esta fase, siguiendo el modelo de los parlamentos europeo, británico o francés. Queda por concretar cómo se designaría a cada ponente y también decidir si el trabajo de las ponencias, que ahora se realiza a puerta cerrada, podría hacerse público como las comisiones.
Con esos puntos de partida, el trabajo ha pasado a manos de los letrados de la Cámara, que se han comprometido a redactar un documento articulado sobre la base de las opiniones mayoritarias. La siguiente cita será después del verano, el 15 de septiembre, para intentar ya aprobar esa redacción.
Cuando los grupos acaben con el procedimiento legislativo, se iniciará el trabajo con el siguiente bloque y así sucesivamente has completar la reforma o lo que dé tiempo a concluir hasta la disolución de las Cámaras. La intención de los ponentes es aprobar todo aquello que se haya terminado y siempre con la idea de que entre en vigor la próxima legislatura.