Urdangarin admite que se llevó casi un millón de euros a través de Aizoon

Asegura que fue contratado por su preparación y no por ser de la familia real

Colpisa
Madrid

Sorprendente recurso de Iñaki Urdangarin al auto del juez José Castro en el que le mantiene imputado por una decena de cargos de corrupción. El cuñado de Felipe VI admite que Aizoon, la empresa que comparte con la infanta y que jamás realizó un solo trabajo y nunca tuvo empleados reales, ingresó un total de 923.049 euros, 795.732 euros, descontado el IVA.

Un dinero, reconoce el escrito que firma el letrado Mario Pascual Vives, que llegó a Aizoon desde el Instituto Nóos como supuesto pago por la «actividad personal y profesional» que Urdangarin presuntamente hizo para los congresos de Valencia Summit e Illes Balears Forum. En concreto, señala el escrito, entre el 2005 y el 2006 cobró 366.719 euros de la Administración valenciana y 556.330 euros del Gobierno de Jaume Matas. Según coincidieron diversas fuentes judiciales, la aceptación de estos pagos es, en realidad, casi una «autoconfesión» de la malversación porque la empresa de la que es cotitular la hermana del jefe del Estado difícilmente pudo realizar trabajo alguno en esas cumbres porque, tal y como está acreditado en el sumario, jamás tuvo una actividad real ni siquiera empleados. Es más, el contable arrepentido Marco Tejeiro ha confirmado que, desde su origen, Aizoon solo tuvo como objetivo engrosar sus arcas con dinero desviado desde Nóos con facturas falsas y trabajos ficticios para el instituto.

Aparente desliz

Más allá de este aparente desliz del letrado Vives, que admite ese desvío de dinero a Aizoon para quejarse de que se le impongan seis millones de fianza civil a su defendido cuando solo se llevó un millón a través de su sociedad compartida, el recurso también admite que Urdangarin pudiera ser responsable de «irregularidades administrativas tributario-fiscales», que no delitos, por haber endosado a Aizoon sus trabajos como asesor de varias multinacionales. Un dinero que debía haber tributado como IRPF, y no como impuestos de sociedades, que tienen un tipo impositivo más bajo.

Este reconocimiento tampoco es baladí. Esa supuesta defraudación a través de Aizoon es de la que el juez José Castro también responsabiliza a Cristina de Borbón, en cuanto copropietaria de aquella sociedad presuntamente fantasma.

Según Hacienda, del 2007 al 2008, el duque defraudó en IRPF 337.138 euros, mucho más de 120.000 por ejercicio, cantidad mínima para hablar de delito.

«Vender humo»

Al margen de estas confesiones, el escrito incide en que el imputado jamás se aprovechó de la Casa Real para sus negocios particulares, sino que fue contratado por empresas e instituciones por su experiencia profesional y deportiva y su preparación académica. «Sí, es cierto, mi cliente, por matrimonio, en los años 2004 y hasta la semana pasada era yerno del rey de España y ahora es cuñado de su majestad el rey. Pero esa condición familiar no fue la única tenida en cuenta para que pudiera intentar realizar su actividad profesional: fue deportista olímpico, vicepresidente del COE [en el 2004 y se había casado con la infanta en 1997], deportista de alto nivel y amplió sus conocimientos profesionales en la entonces prestigiosa escuela de negocios Esade», señala el recurso.

«Si se le reprocha que vendiera humo, humo era la actividad de estrategia que le explicaron sus profesores», entre ellos el propio Diego Torres, apunta el escrito del letrado de Urdangarin. «Nada de eso parece delictivo, ni siquiera a título indiciario», insiste el defensor.

Tras estos argumentos, Pascual Vives pasa al ataque directo y personal al juez, al que acusa, como hiciera la Fiscalía en el caso de la infanta, de actitudes rayanas con la prevaricación. Asegura que Castro ha llevado una investigación «prospectiva» y lo que «al principio parecía que se trataba de investigar exclusivamente determinados convenios suscritos en Palma, se fue extendiendo a Valencia, Madrid e incluso Barcelona». «De lo que inicialmente aparentaba como una instrucción encaminada a averiguar la supuesta existencia de delitos contra las Administraciones públicas, se fue ampliando con supuestos delitos fiscales, blanqueos, evasión de capitales y ahora, por último, se incluyen estafas y tráfico de influencias», denuncia el letrado catalán, quien tilda de «prematuro» el cierre del sumario en el que su defendido está imputado por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, fraude fiscal, estafa, falsedad en documento oficial y mercantil.

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