El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, señaló ayer que considera «discutible» el «ámbito del aforamiento» de don Juan Carlos, en referencia a la protección legal que va a ostentar no solo en la jurisdicción penal sino también en la civil, tal y como ha avanzado el Gobierno la semana pasada. Esto supondrá que cualquier demanda o querella que se presente contra el rey saliente será revisada por el Tribunal Supremo y no por un juzgado local.
Navarro, que llegó al cargo en febrero pasado, afirmó que los miembros del Ejecutivo también tienen aforamiento civil. La duda se planteó por las posibles demandas de paternidad que podrían presentarse tras su abdicación. No obstante, el presidente de la Audiencia dejó claro que dado el número de aforados que existen en el país, donde tres cuartas partes son jueces y fiscales, «es lógico» que don Juan Carlos también tenga esta condición.
«No significa prorrogar una cuestión de irresponsabilidad como cuando era jefe del Estado, sino que ahora deja de ser irresponsable y solo se trata de determinar qué órgano conoce de los asuntos que le afectan», en este caso el Supremo, afirmó. «No es ningún parapeto ni ninguna inmunidad de ningún tipo», añadió. En un desayuno informativo, Navarro sí se mostró partidario de resolver cuánto dura el aforamiento. «No es práctico que una persona gane o pierda el aforamiento dependiendo de su situación», en referencia a los parlamentarios electos.
Excepción
Por su parte, el juez Baltasar Garzón criticó ayer la celeridad de la reforma propiciada por el PP porque «parece que ocurre algo si no llegamos a tiempo». Garzón no es favorable a los aforamientos con carácter general, aunque tenga que haber «determinadas protecciones cuando se ejerce un cargo por actividades que se deben al desarrollo de su función», como el caso de los parlamentarios.
Los aforamientos suponen «una desconfianza hacia el poder judicial en un Estado democrático; parece que son más fiables determinados jueces porque han sido nombrados de determinada forma que los jueces profesionales», señaló. Preguntado sobre si es excesivo el número de aforamientos que hay en España, ironizó diciendo que desconoce si es un número parejo a los casos de corrupción.