El Consejo de Europa alerta contra la intromisión de la política en la Justicia
ESPAÑA
En su informe anual sobre corrupción destaca la independencia de jueces y fiscales, pero critica el vínculo entre partidos y el órgano de gobierno judicial
20 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.A pesar de las numerosas medidas adoptadas en los últimos años para introducir regulaciones que permitan mejorar la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la capacidad y la especialización de los organismos judiciales para combatir la delincuencia económica la corrupción es una preocupación creciente en España. La crisis económica ha aumentado aún más la magnitud de la desilusión y la desconfianza de la población. Así lo constata el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en su informe anual global hecho público ayer -la parte referente a España ya la habían adelantado a mediados del pasado mes de enero- en el que animan al Gobierno español a que adopte las medias necesarias para que «el sistema judicial sea preservado de toda influencia exterior indebida».
Los autores del informe, resumiendo las críticas recogidas entre los distintos operadores sociales durante el trabajo de campo que hicieron en nuestro país en una visita realizada a finales del año pasado, señalan que hay inquietud por los «intereses partidistas presentes en los procesos de decisión judicial».
Considera que «incluso son más preocupantes que los casos de corrupción que se multiplican en la clase política. El mero hecho de que exista una duda, por pequeña que sea, es lamentable», asegura el informe, que reafirme que el aparato judicial español es «muy competente» y su independencia e imparcialidad «no han sido, en general, puestas en entredicho». Ello a pesar los tribunales están sobrecargados de trabajo y no siempre son capaces de hacer frente a los casos con celeridad,
Cultura deontológica
El informe del grupo que preside el croata Marin Mrcela elogia la aprobación de la Ley de Transparencia, pero recomienda medidas suplementarias para «inculcar, mantener y promover una fuerte cultura ética entre los parlamentarios».
La adopción de un código de deontológico, medidas de sensibilización en materia de integridad, declaraciones de bienes más detalladas y una mejora de la transparencia en los contactos mantenidos entre parlamentarios y terceros, son algunas de esas recomendaciones propuestas en el documento.