El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ratificó ayer su decisión de mantener viva la investigación contra el gobierno de Israel por el ataque marítimo en el 2010 a una flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria que se saldó con nueve muertos y 38 heridos. El magistrado optó por elevar una petición al Tribunal Supremo para que determine si los hechos se están investigando en Israel, como país de nacionalidad de los querellados, o en Turquía, con jurisdicción sobre el barco Mavi Mármara, en el que se produjeron los hechos más graves. De no ser así, se inclina por llevar el caso a la Corte Penal Internacional.
El instructor asume el criterio de la Fiscalía, considera que los hechos podrían constituir un delito de lesa humanidad con detención ilegal, deportación y tortura, así como un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Al tratarse de crímenes de guerra, el instructor sostiene que los tratados internacionales ratificados por España obligan a perseguir los hechos. Recuerda que el Convenio de Ginebra sobre derechos de los civiles en tiempo de guerra prevalece sobre la reforma jurídica que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy.
La investigación se abrió a raíz de las querellas presentadas en la Audiencia Nacional de España por el ataque israelí a la llamada flotilla de la Libertad.
Los querellantes acusan de crímenes de guerra, homicidio, tortura y detención ilegal al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros altos cargos y mandos militares del país.