Zarzuela y el Gobierno frenaron las reformas para evitar que se filtrara la intención del rey


Madrid / Colpisa

No son pocas las voces que apuntan a que hay improvisación legislativa en el proceso de abdicación. Sin embargo, explican fuentes conocedoras de este proceso, no fue así. Es más, todo lo contrario. Durante semanas, un muy reducido grupo de expertos juristas de la Casa del Rey y de la vicepresidencia del Gobierno trataron, sin éxito, lo que alguno de estos técnicos ha calificado como «conseguir la cuadratura del círculo».

O lo que es lo mismo, lograr tener aprobados, o en trámite muy avanzado, los cuerpos legales para la abdicación, el aforamiento y el nuevo estatus de don Juan Carlos y doña Sofía. Todo ello «sin levantar la liebre» de la abdicación. Al final, admiten, los técnicos no lograron encontrar la solución al dilema a pesar de las «jornadas de intenso trabajo». El dictamen fue unánime: el trabajo legislativo había que haberlo hecho años antes.

En solo dos meses era imposible jurídicamente. No valían atajos, leyes o reales decretos que pudieran aprobarse de forma exprés. El artículo 57.5 de la Constitución lo dejaba claro: «Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica». Además, cualquier cambio legislativo urgente y sin explicación provocaría alarma y desataría las especulaciones.

Se optó, tras un largo debate, por el mal menor y posponer las reformas legales ligadas a la abdicación para evitar filtraciones, a pesar de ser conscientes de que ese vacío normativo iba a provocar algunos problemas. Los juristas de la Zarzuela y la Moncloa no vieron mayor inconveniente para aprobar en cuestión de días una ley de abdicación ex profeso para el jefe del Estado, como va a ocurrir.

Harina de otro costal era el tema del aforamiento del rey cuando abandonara el trono. Los expertos de la Casa Real y vicepresidencia valoraron incluso la posibilidad de incluir el blindaje del rey saliente en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto iba a aprobar el Consejo de Ministros tan solo cuatro días después de que el rey comunicase su decisión de abdicar. Sin embargo, también se desechó esa idea porque esa reforma, muy compleja, va a tardar más de un año en ser aprobada.

Se llegó al acuerdo de que la única solución para aforar cuanto antes al rey pasaba por una ley orgánica cuya tramitación comenzará en cuanto el monarca deje de serlo. «Era imposible otra solución, no fue una chapuza, era una ratonera sin salida, lo intentamos todo», apuntan.

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