Hacienda confirma que el PP pagó en negro parte de la obras de su sede

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

La empresa que hizo la remodelación recibió 888.000 euros de Bárcenas

06 jun 2014 . Actualizado a las 11:30 h.

Primero fue la Policía Judicial, después el juez instructor y ahora la Agencia Tributaria. El PP, con Mariano Rajoy como presidente de la formación y María Dolores de Cospedal como secretaria general, abonó con dinero negro parte de la reforma de su sede nacional en la calle de Génova, 13, de Madrid, entre el 2005 y el 2011.

Los pagos salieron de la supuesta caja B del partido, que gestionaban los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y fueron a parar a las arcas de la empresa Unifica Servicios Integrales, que se encargó de los trabajos de remodelación, según concluye el juez Pablo Ruz en un auto conocido ayer.

Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) constatan en un informe remitido al juez que Unifica expidió dos certificaciones finales distintas de la reformas que realizaron en las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta del edificio de Génova, 13. Para los peritos, los cálculos del descuadre superaron los 950.000 euros, conforme al análisis de la documentación incautada en el registro que se hizo en la empresa en septiembre. Y, de forma paralela, Bárcenas anotó en su contabilidad opaca pagos en dinero negro por valor de 888.000 euros para el director gerente de dicha empresa, el arquitecto Gonzalo Urquijo, también imputado en la causa.

Así, las coincidencias temporales entre los pagos realizados por el PP a Unifica a lo largo del 2008, último ejercicio fiscal no prescrito en el procedimiento, y los ingresos que hicieron el arquitecto Urquijo y su socia Belén García en sus cajas de seguridad bancarias demostrarían para el juez los indicios delictivos. Se trata de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable.

De momento, Ruz dirige la acción penal contra los responsables de las cuentas del PP en aquella época, Bárcenas, Lapuerta y el gerente Cristóbal Páez, y el personal de Unifica, pero se resiste a tirar por alto e imputar al PP como sujeto jurídico por sus supuestas responsabilidades penales en el fraude.

Citaciones

Para ello espera conocer otro informe de Hacienda en el que se profundice sobre si los populares también cometieron delito contable, ya que el documento conocido ayer se centraba en la empresa que remodeló la sede de los populares.

Para cerrar todos los cabos sueltos, Ruz ha citado para el 7 de julio como imputados a Belén García, socia del gerente de Unifica, y a tres colaboradores de la empresa, Laura Montero, María Rey y Claudio Montero. De sus declaraciones como imputados, por lo tanto con derecho a abogado y a no responder, el instructor espera apuntalar los indicios delictivos.

En el caso de Belén García, su acusación se sostiene por la investigación de la Policía Judicial, que llegó hasta ella siguiendo el rastro del dinero. Y es que la socia de Urquijo visitó una caja de seguridad de Unifica en un banco de Madrid el mismo día en que Bárcenas consignó un apunte de 195.000 euros para «Gonz.Urquijo» en su caja B. Fue el 28 de enero del 2008. Posteriormente, el 13 de marzo de ese año, la Unidad de Delitos Económicos detalló otra visita a la caja de seguridad. Esta vez fue el propio Urquijo el que visitó a las 13.53 horas una sucursal bancaria el día en que Bárcenas anotó otra entrega de 258.000 euros en sus papeles contables bajo el concepto «Gonzalo (Arquitecto)». Los investigadores añaden que es «significativa que esta visita fuera la primera que efectuó tras casi diez meses desde su contratación», es decir, que fue la primera vez que acudió a la caja del banco tras darla de alta.

Un día después, el 8 de julio, el juez Ruz dirigirá el interrogatorio contra El exjefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas, y el cajero del partido Luis Molero.