El fiscal general reclama más policías y peritos para una acción judicial eficaz
05 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.«Tenemos un problema serio de corrupción», comenzó advirtiendo. Aclaró de inmediato que «existen instrumentos legales suficientes para atacarlo, pero la aplicación de las leyes tiene que estar cercana a la realidad social, según señala nuestro Código Civil». Así de contundente fue, una vez más, el Fiscal General del Estado, en el marco de las jornadas sobre estrategias contra la corrupción en Europa celebradas en la sede de las instituciones europeas, en Madrid. Eduardo Torres-Dulce compartió mesa con el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano; la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, y la presidenta de ACCORS, Elena de Vicente.
Más prevención
Para Torres-Dulce la clave radica en las políticas de prevención, que calificó de «absolutamente necesarias en términos de corrupción». Estas, a su juicio, deberían comenzar por «la imprescindible reforma de las administraciones públicas, mediante su profesionalización, hasta el mayor alto nivel de decisión». Advirtió que la realidad actual evidencia que «la progresiva invasión de asesores y políticos con largos tentáculos en la Administración pública le está haciendo un daño irreparable».
Como parte de esa política de prevención reclamó una mejora en los análisis de los sistemas de contratación pública, la fiscalización permanente de las administraciones y la aprobación de leyes de transparencia.
Apuntó que, después de la prevención, vendrían los «remedios de fuerza ante situaciones patológicas» y esa es la labor propia de los tribunales de justicia y los tribunales de cuentas contra la corrupción, como «último eslabón».
El fiscal general no se olvidó de destacar la importancia de la existencia de «jueces independientes. «Sin ellos -dijo- no es posible que la resolución de conflictos se ajuste a la legalidad».
Para que los órganos judiciales puedan cumplir eficazmente su cometido reiteró la necesidad de que se pongan a su disposición de la Fiscalía unidades policiales y peritos con capacidad par promover de forma autónoma la investigación de casos de corrupción. En un alarde de optimismo avanzó que espera contar con ellos antes de que finalice el año, precisando que para ello no son necesarias reformas legislativas ni grandes esfuerzos económicos, sino una correcta asignación de los recursos.