La Oficina contra el Fraude ya ha examinado varias ayudas dadas a Galicia

ESPAÑA

18 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Los fondos comunitarios han contribuido a dotar de telefonía al rural gallego; a comenzar a luchar contra la contaminación de las rías; a construir vías de acceso a la comunidad como las autovías de unión con la Meseta; gasoductos como el que cruza de Tui a Vilalba, o a desarrollar el avance de la alta velocidad ferroviaria. También estuvieron presentes las mismas ayudas en los intentos de paliar los duros efectos de la reconversión industrial; en multitud de cursos de formación, o en la expansión del turismo rural, por citar otros ejemplos.

Más allá de la rentabilidad de los proyectos ejecutados y su efecto en el avance social y económico de la comunidad, el análisis sobre el correcto uso o el despilfarro de los fondos procedentes de Bruselas para contribuir al desarrollo de la comunidad gallega han propiciado debates parlamentarios en los que la Administración ha reiterado que los desmanes se reducen a un porcentaje mínimo.

El ejemplo porriñés

Pero los ha habido. El aula de interpretación de la naturaleza de O Porriño es el ejemplo máximo de una fiebre por solicitar y conseguir subvenciones europeas, aunque no se supiese cómo explotar lo que se había vendido ante la UE como una necesidad. Fueron 150.000 euros lo que Bruselas concedió para hacer el edificio de interpretación de la naturaleza de las porriñesas Gándaras de Budiño, pero fueron 150.000 tirados a la basura desde el mismo momento en el que se concluyó una obra, en cuyos cimientos nacía agua, que nunca ha albergado actividad alguna y de la que solo quedan ya algunos ladrillos en pie, y ha sido escenario además de la muerte por accidente de un joven que buscaba el último yacimiento de chatarra en las ruinas.

La herrería de O Courel; una fuente con luz y sonido en Boiro; una pretendida lonja de valores agrícolas en Verín, o un observatorio que durante mucho tiempo careció de telescopio en Ribadeo fueron obligadas a utilizarse por la UE, aunque no con éxito en todos los casos.

La OLAF (la Oficina de Lucha contra el Fraude) de la UE ha actuado en el caso de O Porriño, y lo hace ahora también en la contratación de minidepuradoras contratadas por la Diputación de Ourense, provincia en la que su delegado provincial de la Xunta tiene sobre sí la espada de la Justicia acusado de fraude en el uso de ayudas europeas.