Abogan por más alfabetización digital, no por endurecer el Código Penal
18 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.¿Es necesaria una regulación específica de las redes sociales para prevenir su mal uso? El debate no es nuevo, ha ido creciendo al mismo ritmo que el uso de estos nuevos medios de comunicación. Desde el pasado lunes, tras el crimen de León, el tema acapara titulares, debates en tertulias televisivas y radiofónicas, así como en la propia Red. Al ministro del Interior le faltó tiempo para anunciar la apertura de una investigación por apología del delito o incitación al odio. No es el único miembro de su partido que aboga por «limpiar la Red de indeseables». Expertos judiciales, policiales y académicos consultados coinciden en que estamos ante el eterno debate sobre los límites entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos de la persona, tales como el de la intimidad, el honor y la propia imagen, pero advierten de que no todo el mal uso de las redes sociales tiene connotaciones delictivas.
A la vista de las reacciones suscitadas por este anuncio, amplios y diferentes sectores sociales ven un intento de criminalizar las redes sociales. Ante la petición de concreciones de las medidas anunciadas por Jorge Fernández Díaz, los portavoces de su ministerio se limitan a decir que «no se trata de crear nuevos delitos, sino de estudiar, conjuntamente con Justicia, la aplicación de la legalidad vigente a las redes sociales».
El primer resultado concreto de las directrices ministeriales fue la detención en la Comunidad Valenciana, por «invitar a la violencia contra los políticos en la redes sociales», de un joven antisistema de 19 años, con 600 seguidores en Twitter, que se autodefine en su perfil, como «perroflauta». Una vez puesto a disposición judicial quedó en libertad con cargos y justificó ante el juez sus comentarios en la Red como «una forma de protesta», al tiempo que manifestaba que está «totalmente arrepentido».
Preocupante
El juez vigués Germán Varela, portavoz en Galicia de Jueces para la Democracia, considera altamente preocupante la «utilización del Derecho Penal y del proceso penal en general, por unos y por otros, para imponer determinados conceptos de lo que debe ser el bien, de cómo tienen que comportarse las personas».
«Me preocupa -añade- que se pueda perseguir cualquier comentario vertido en Internet, por muy indeseable y muy inaceptable que me parezca. Me preocupan igual esos comentarios que no comparto sobre el crimen de León, como los que se puedan hacer sobre las personas gais o los despectivos sobre el idioma gallego». Considera que «se está jugando con algo muy delicado que es la libertad de expresión. Es preocupante que se pretenda sancionar penalmente todo aquello que lo sea socialmente». Sobre las medidas anunciadas por Interior, considera que son «una forma de desincentivar la participación ciudadana en el debate sobre los temas de actualidad.
Emilio Frías, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), considera precipitado hablar de reformas legales. «Una cosa son las declaraciones de los políticos y otra la valoración jurídica de los hechos. No se puede actuar a bote pronto, a golpe de titular periodístico».
Mandos policiales intermedios consultados advierten de que se está olvidando que las redes sociales también resultan de utilidad para investigar delitos. Desde el mundo académico se considera que plantear el debate sobre la regulación de las redes sociales en caliente es inoportuno, por eso rehúsan entrar en él. Se limitan a apuntar que la apuesta debe ser la alfabetización digital.