El Gobierno andaluz insiste en que no hay argumentos para hablar de fraude masivo

La Voz COLPISA

ESPAÑA

El PP exige a Susana Díaz una investigación interna sobre la falta de control en las ayudas

17 abr 2014 . Actualizado a las 22:14 h.

No sirvió de nada el desmentido de Interior sobre su responsabilidad en que se hayan dado a conocer datos de una investigación aún abierta de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que apuntaría a un gran fraude de, al menos, decenas de millones de euros con los cursos de formación para desempleados en Andalucía. Y tampoco han aplacado las exigencias de la oposición andaluza y el PP nacional los argumentos esgrimidos por el consejero de Educación, Luciano Alonso, en el sentido de que las sospechas de irregularidad se ciernen solo sobre 1,5 millones de euros otorgados a algo más de una quincena de empresas en Málaga.

El vicesecretario de Programas del PP, Esteban González Pons, reclamó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que no deje pasar este asunto y abra una investigación interna en el departamento de Educación, algo que ya solicitó en un primer momento el líder de su partido en Andalucía, el exsecretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno. A su juicio, es preciso detectar por qué los casos que investiga la UDEF escaparon al control de la Junta, toda vez que fue la Seguridad Social la que, en principio, reparó en que en muchos casos se habían incumplido condiciones necesarias para recibir subvenciones, en concreto, las empresas beneficiarias no habían realizado contrataciones de alumnos durante un semestre.

Pons argumentó en Onda Cero que existen muchos indicios y Díaz no está actuando con responsabilidad. «La Junta no debe quejarse de ser investigada si no tiene nada que temer», adujo. El Gobierno regional, por su parte, se aferra a que Educación ya está revisando expedientes. No solo los que, en un primer momento, reclamó la Fiscalía Anticorrupción el pasado febrero a raíz de los hallazgos de la Seguridad Social sino otros muchos, en concreto 480, aún en fase de justificación y correspondientes a ayudas concedidas desde el 2007.

El consejero Alonso, que admitió que las cosas se podrían hacer más rápido, aseguró en la Cadena Ser que si se han infringido las normas la Junta «vigilará» para que se devuelvan las ayudas. Cada año, según especificó él mismo el miércoles, la administración regional destina 300 millones de euros a este tipo de subvenciones. Pero en San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, se niegan a dar por bueno que, como sospecha la UDEF, se haya cometido un fraude masivo que afecte a toda la comunidad autónoma y que podría superar, en montante, al de los ERE irregulares. «Si no tienen esos datos, no hagan esas filtraciones y si lo tienen, vayan a los tribunales de Justicia», reiteró, en referencia al Ministerio de Interior y haciendo caso omiso al desmentido del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, también se empleó a fondo con ese argumento en su blog. «El Ministerio del Interior, o algunos de sus componentes, han intentado hacer de ariete contra Andalucía y contra la Junta difundiendo una gran mentira amparándose en la cobardía de unas fuentes anónimas», recriminó. Vázquez, que apuntó incluso hacia el rival popular de Susana Díaz en el centro de lo que tildó de «patraña». «Casualmente, Moreno Bonilla se ha paseado por la Semana Santa de Málaga con el director general de la Guardia Civil. Me pregunto si habrán hablado de las filtraciones tendenciosas del Ministerio».

Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE andaluz, no respalda en todo caso esta estrategia indignada. Ninguno de sus miembros ha compartido el análisis de que todo se reduce a una estratagema de los populares y algunos se han desmarcado abiertamente de ella. El portavoz de la formación en la comisión de Hacienda y Economía, Ignacio García, concedió que existe aún cierto grado de «provisionalidad» en las investigaciones policiales -esa es, de hecho, la razón por la que el caso no esté aún judicializado- pero remarcó que no se pueden «despreciar» los indicios conocidos hasta la fecha

García reclamó incluso explicaciones del Gobierno regional en el Parlamento porque, a su entender, parece haber «base» para las denuncias.