La Policía no ve relación entre las donaciones irregulares al PP y las adjudicaciones públicas

Un informe de la UDEF ciega casi de forma definitiva la posibilidad de acusar de cohecho a los constructores y al partido


Colpisa

Las donaciones en dinero negro de empresarios al PP no tuvieron como contrapartida la adjudicación de concursos públicos por parte de administraciones públicas controladas por los populares. Al menos, los datos de la pieza separada de los papeles de Bárcenas analizados durante meses por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no avalan esa tesis. La Policía ha llegado a la conclusión que esas supuestas transferencias de dinero que engrosaron la caja B del partido durante años y que quedaron reflejadas en los apuntes contables manuscritos de Luis Bárcenas no tienen «una vinculación directa» con los contratos públicos que ganaron. Al menos no, «con la información de la que se dispone en estos momentos», aclara la UDEF en el último informe entregado al magistrado Pablo Ruz.

Esta conclusión no es baladí para la instrucción del sumario. La imposibilidad de establecer una causa-efecto sobre el dinero entregado y las adjudicaciones ciega prácticamente la posibilidad de acusar a los empresarios de cohecho activo, pagar comisiones a cambio de favores, y a los responsables financieros del PP de cohecho pasivo por aceptar ese dinero. No obstante, explicaron fuentes judiciales, el informe de la UDEF no entierra definitivamente la posibilidad de imputar un cohecho impropio, dar y aceptar una dádiva sin esperar un favor específico, solo por congraciarse con la administración que podría adjudicar contratos, aunque esta figura penal es muy difícil de probar ante un tribunal

Los funcionarios de la Policía Judicial han delimitado su estudio a las quince principales constructoras que aparecen como donantes y que obtuvieron contratos públicos miles de millones de euros entre 2002 y 2009: Licuas, Aldesa, Assignia, Asedes, Bruesa, FCC, OHL, Sacyr, Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigue. El informe insiste que, en contra de lo que sí que ocurrió en las adjudicaciones a las empresas del grupo de Francisco Correa, faltan «elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica» entre donación y adjudicación. La UDEF constata que, efectivamente, algunas de estas firmas obtuvieron en sus sectores más del 80% de los contratos de las administraciones que gobernaba el PP. Pero hay otras que solo se hacían con el 30% de las adjudicaciones. Es cierto, afirma el informe, que empresas como FCC, OHL y Sacyr, se llevaron más de 10.000 millones de euros en contratos, pero es que eran «líderes» en sus respectivas áreas de infraestructuras

La Policía achaca estas impresionantes cifras a los años de bonanza económica en España ligados a la construcción con «fuerte crecimiento en los noventa». Las empresas donantes se dedican a la «construcción de obra pública», «residuos», «saneamiento de aguas» o «infraestructuras», sectores que hasta 2008, cuando empezó la crisis, eran objeto de innumerables adjudicaciones públicas, sobre todo por parte de la Administración General del Estado a través de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente.

Evolución dispar

El informe incide en que no se puede establecer un relación causa-efecto porque las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas, lejos de mantener una «secuencia», presentan una «evolución dispar». Mientras unas empresas entregan supuestamente dinero en negro de forma regular, otras lo hacían en períodos muy concretos. Y eso no casa en absoluto con el hecho que las constructoras bajo sospecha obtuvieron «adjudicaciones de las administraciones públicas de forma continua durante la serie histórica», con independencia del momento en que se realizaron las supuestas donaciones irregulares. El análisis entregado por la UDEF a Ruz es en realidad una ampliación del informe que la Policía elaboró en mayo del 2013 y que concluyó que el PP otorgó contratos por valor de 12.281 millones a las empresas que dieron donativos al partido. Aquel estudio constató que Bárcenas ingresó en un banco parte de las donaciones supuestamente ilegales. Y que lo hizo troceándolas en pequeñas cantidades para evitar que superasen el límite legal de los 60.000 euros recogido por la Ley Electoral sobre la financiación de los partidos. En concreto, se detallaba la existencia de «19 empresarios donantes identificados», de los que 16 habrían realizado aportaciones superiores al máximo permitido y otras cinco en el caso de personas físicas. En total, entonces se detectaron 21 movimientos superiores a los 60.000 euros que el que fuera tesorero del PP ocultó de forma «persistente» para pasar el filtro del Tribunal de Cuentas

Con estos mimbres, explicaron fuentes de la investigación, es muy probable que el juez Ruz solo pueda acusar al PP de un delito electoral, financiación irregular, que no está castigado en el Código Penal, al margen de las posibles irregularidades fiscales.

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