La Fiscalía y acusaciones dicen no al archivo de los crímenes del Sáhara

Alegan que cuando se cometieron aún era una provincia española


Redacción / La Voz

La Fiscalía de la Audiencia Nacional estima que la reforma legal que limita la justicia universal en España no afecta a las causas que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras la denuncia presentada el 14 de septiembre del 2006 por asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos, por la desaparición de 542 saharauis desde que España se retiró del territorio en 1976. La postura de la Fiscalía coincide básicamente con la de los acusaciones, que ya remitieron días pasados un escrito al juez en el mismo sentido.

La causa que actualmente instruye el juez Pablo Ruz afecta a 31 militares marroquíes, entre ellos al exministro del Interior de Marruecos Driss Basri, que están imputados por genocidio y crímenes de guerra, al haber acreditado documentalmente las acusaciones que los marroquíes bombardearon hospitales y utilizaron fósforo blanco, napalm y bombas de fragmentación.

La querella inicial fue ampliada hace un par de meses por las acusaciones, tras haber identificado dos forenses unos restos encontrados en la misma zona con pastores beduinos saharauis asesinados en torno al 14 febrero de 1976, lo que demostraría que cuando los mataron era territorio español.

Fiscalía y acusaciones coinciden en que señalar en sus escritos que cuando se cometieron los crímenes el Sáhara Occidental aún era provincia española y en que sigue siendo un territorio no autónomo sometido a proceso de descolonización, ya que Marruecos no tiene la soberanía sobre el mismo y sigue asentada allí una misión de la ONU. A mayor abundamiento, las acusaciones acreditaron que entre las víctimas hay dos enfermeras españolas, una catalana y otra vasca.

La Fiscalía también se opuso al archivo de la causa en la que el juez Ismael Moreno investiga la muerte en el 2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El Aaiún.

El caso del Tíbet

El caso del genocidio del Tíbet, detonante de la reforma legal de la jurisdicción universal, sigue vivo pero sufrió ayer un parón al negarse las acusaciones a comparecer en una vista prevista para ayer en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El plantón es consecuencia del incidente de nulidad planteado por las acusaciones populares y particulares contra la conclusión del sumario y su inmediata remisión a la sala, reclamada por la Fiscalía, sin haber dado traslado antes a las partes, vulnerando así el principio de igualdad. Las acusaciones también alegaron que no podía concluir la instrucción sin antes haber practicado una serie de diligencias pendientes.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos

La Fiscalía y acusaciones dicen no al archivo de los crímenes del Sáhara