Inasequible al desaliento y empeñado en una vía de no retorno, Artur Mas cree haber encontrado petróleo en la sentencia del Constitucional que echó abajo la declaración del Parlamento catalán que proclamó el carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Cataluña. Cree reforzadas sus tesis, retorciendo el fallo. Es cierto que este señala que el derecho a decidir que se recoge en el texto impugnado «no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional». Pero la vía legal para plasmar esa aspiración es la reforma constitucional y ni Mas ni el Gobierno están por esa labor.
La Generalitat arguye que la consulta del 9 noviembre no es vinculante ni tiene valor jurídico, aunque la realidad es que se pregunta a los catalanes si están a favor de la independencia, algo sobre lo que no pueden decidir en solitario, según la Constitución. El artículo 1 deja claro que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» y el 2 proclama «la indisoluble unidad de la Nación española».
Escaldado
En este contexto, los diputados de CiU, ERC e ICV acudirán el martes al Congreso para solicitar que ceda al Gobierno catalán la capacidad para convocar referendos. El gran ausente será Mas. Escaldado por lo que le sucedió al lendakari Juan José Ibarretxe cuando su famoso plan fue rechazado sin paliativos, ha preferido no mojarse, sabedor de que el objetivo no se va a conseguir, dada la oposición de PP y PSOE. Es la apuesta política de quien no quiere comparecer como seguro perdedor, lo que debilitaría su posición, pero también es una decisión arriesgada, ya que pierde la oportunidad de explicar su plan a la opinión pública y de exponer esos argumentos jurídicos que, dice, avalan el derecho a decidir. ¿Si tiene razones tan sólidas por qué no las defiende en ese marco?