El 5 de julio de 1976 Adolfo Suárez juró la Presidencia del Gobierno ante el rey Juan Carlos, quien, contra todos los pronósticos, le había elegido en una terna en la que el político abulense figuraba supuestamente como un «outsider», el tercer hombre tras los figurones del franquismo final Gregorio López Bravo y Federico Silva Muñoz.
El nombramiento del que desde 1975, en el primer gobierno de la Monarquía, era ministro-secretario general del Movimiento -es decir, ministro del partido único que representaba por sí solo el franquismo- fue acogido con hostilidad por los sectores que en España luchaban por un cambio democrático. Se interpretaba como una involución, un intento de que la monarquía fuese una continuidad maquillada de la dictadura franquista. El tiempo vendría a demostrar que no era así, pero marcaba ya una de las características de Suárez en el poder: la incomprensión (y a veces la inquina) de quienes deberían ser los suyos.
Una de sus primeras medidas fue la concesión de una amnistía para los delitos políticos, el 4 de agosto de ese mismo año, medida que, aunque parcial, abrió como ninguna otra la esperanza de que la intención de democratizar España iba en serio. Así lo reconoció, al mes siguiente, una resolución del Consejo de Europa. Pero las medidas adoptadas en los primeros días por el nuevo Gobierno eran insuficientes. Faltaba poner la piedra angular del desmontaje del franquismo desde dentro. Suárez, junto con Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, prepararon una norma que articulara la transformación del régimen desde su propia legalidad: la Ley de Reforma Política.
El mismo Suárez dejaba claras sus intenciones inmediatamente después de acceder al Gobierno en un discurso por televisión: «Hace pocos días, en las Cortes afirmé, y repito ahora, que tenemos que elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal». La oposición, sin embargo, no admitió esa reforma que se preparaba y la Plataforma de Organizaciones Democráticas (que agrupa a casi la totalidad de los grupos de oposición) se reunió en Madrid para defender, frente a esa opción, la de una ruptura democrática.
Las Cortes se suicidan
Poco más de cuatro meses después de su toma de posesión, Suárez logró que las Cortes del franquismo aprobasen la ley de Reforma Política, el certificado de defunción del régimen que ellas mismas representaban. La tarea exigía una especial habilidad política. El nuevo presidente del Gobierno tuvo que convencer a la clase política franquista de que el cambio de régimen no implicaría ningún tipo de represalia y de que, aún más, en la nueva situación seguiría habiendo un futuro político para ellos.
La ley ya había provocado, al pasar por el Consejo de Ministros un mes antes, la dimisión del vicepresidente, el general Fernando de Santiago, que fue sustituido por un hombre crucial en los gobiernos de Suárez: el entonces jefe del estado Mayor de la Defensa, general Manuel Gutiérrez Mellado, que llegaría a encarnar la imagen del militar demócrata en el imaginario de los españoles. La ley, que suponía la celebración de elecciones democráticas, fue ratificada al mes siguiente en referéndum con una alta participación (77,7 por ciento) y un apoyo masivo (94,1 por ciento de voto afirmativo).
Mientras, Suárez seguía con sus contactos discretos con la oposición democrática, aún ilegal. Se entrevistaba con la llamada «comisión de los nueve», para intercambiar ideas sobre cómo hacer la transición. Se trataba de conseguir que los partidos políticos participasen en las elecciones parlamentarias que el Gobierno pretendía convocar; a cambio, Suárez debía garantizar que ningún partido sería excluido. El problema se produjo con el PCE, para el que se proponía su presentación como independientes. Los militares se habían manifestado muy claramente en este punto: pasen los socialistas y nacionalistas moderados, pero los comunistas no pueden ser legales. Pero el PCE era, en aquellos años, «el partido», el grupo que, con mucha diferencia, tenía más capacidad de movilización en la calle.
El primer contacto de Suárez con el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, se produjo el 28 de febrero de 1977, en un chalet que tenía en Aravaca Pedro Mario Armero. En esa reunión, según Carrillo, el presidente del Gobierno decidió definitivamente legalizar el PCE. Para entonces, el PSOE ya aparecía ante la opinión pública como un partido legal, sin serlo.
Osadía en la Semana Santa Roja
Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política la inestabilidad en España se incrementa. Suárez es «el traidor» para la extrema derecha y el hombre que pretende que el fin del franquismo no suponga el colapso de su régimen político para la extrema izquierda. Atentados de ETA, secuestros del GRAPO, asesinatos de los Guerrilleros de Cristo Rey... Suárez confiesa a sus allegados su impresión de que algunos preparan un golpe de Estado; la oposición democrática, agrupada en la «Platajunta», publica un comunicado llamando a la serenidad a sus seguidores y pidiendo a Suárez que siga con las reformas. La prensa se siente también obligada a publicar un editorial conjunto con el título: «Por la unidad de todos».
En esas circunstancias Suárez decide dar el paso simbólicamente más importante y el 9 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa, legaliza el PCE. Es un gesto osado que provoca indignación en los cuarteles, pero la sangre no llega al río. El presidente del Gobierno sigue teniendo la iniciativa. Santiago Carrillo, que había entrado en España disfrazado con una peluca y que poco después se había hecho detener, pasa a ser uno de los políticos que manifiesta un mayor afecto personal y político por el presidente Suárez.
La legalización del PCE supone la garantía definitiva de que en las elecciones estarán todos. El «campo de juego político» es el de una democracia, sin duda. Al tiempo, Suárez había accedido a suprimir el Movimiento, legalizar los sindicatos de clase, preparar una nueva legislación laboral, disolver la Organización Sindical franquista y distribuir su patrimonio, suprimir el Tribunal de Orden Público y ampliar la amnistía de 1976 a los presos con delitos por terrorismo.
Todos al suelo
La dimisión de Suárez abre el camino a un hombre de consenso entre la dividida UCD: Leopoldo Calvo Sotelo es el candidato a sustituir a Suárez al frente de la presidencia del Gobierno. La sesión de investidura se celebra el 23 de febrero y, en su transcurso, un guardia civil de tricornio sorprende al mundo cuando entra en el Congreso, se aproxima a la tarima del presidente, Landelino Lavilla, y grita «Al suelo todo el mundo». El vicepresidente y amigo personal de Suárez, Gutiérrez Mellado, se levanta para increpar a los sublevados y estos intentan derribarle. Suárez hace un amago de acudir en su ayuda pero el tiroteo que sigue le hace volver a sentarse en su escaño, erguido, mientras los diputados buscan amparo agachándose detrás de los asientos, excepto Santiago Carrillo, que acompaña la dignidad de Suárez y permanece sentado. Segundos después, el vicepresidente económico, Fernando Abril Martorell, secunda a su presidente y poco a poco el banco azul recupera su dignidad de Gobierno.
Las imágenes fueron grabadas por las cámaras de televisión y los españoles tuvieron la oportunidad de verlas múltiples veces. Ya sin cámaras, Suárez fue sacado del hemiciclo y llevado por los golpistas a una habitación aparte. Muchos pensaron que lo iban a asesinar. Pero, afortunadamente, no hubo efusión de sangre. El rey intervino por televisión para condenar el intento de golpe de Estado y, desde ese momento, todo el mundo abrigó la esperanza de que sería abortado, como así fue.
En pocas ocasiones la dignidad y capacidad de reacción de un político han sido tan puestas a prueba como entonces. Y Suárez la pasó con sobresaliente. Fue su despedida del poder. El 27 de enero, el Boletín Oficial del Estado publica el cese de Suárez como presidente y la concesión a título personal del título de Duque por parte del Rey.
Constitución y consenso
Unión de Centro Democrático (UCD), el partido que lidera Adolfo Suárez, gana las elecciones convocadas para elegir Cortes, aunque sin mayoría absoluta. Enseguida, el presidente del Gobierno convocará a los partidos políticos a negociar los que se llamaron «Pactos de la Moncloa», acuerdos políticos y económicos. Se intentaba poner remedio a una situación económica descontrolada, con una inflación superior al 30 por ciento y un paro que crecía incontenible. Y, en lo político, ir anticipando reformas destinadas a acabar con algunos de los residuos del franquismo más incompatibles con una democracia.Los acuerdos fueron firmados por todos los partidos importantes, salvo Alianza Popular, que no firmó el político.
Todo esto, acompañado de un salto espectacular del terrorismo, que si en 1975 había asesinado a 29 personas, en 1976 a 22 y en 1977 a 31, pasó a provocar 90 muertes en 1978. Y un «run-run» continuo de golpe de Estado, con la «Operación Galaxia» como punto culminante. Esta conspiración ultraderechista, en la que participaron el capitán de infantería Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el teniente coronel Antonio Tejero, pretendía asaltar La Moncloa, detener a Suárez y formar un «gobierno de salvación» nacional.
Los Pactos de la Moncloa fueron una buena muestra del espíritu de integración que acompañó el modo de gobernar de Suárez. Ese espíritu integrador tendrá su formulación definitiva en el «consenso», que presidió la negociación de la nueva Constitución y que simbolizaron las maratonianas reuniones de los número dos de UCD y del PSOE: Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. Suárez había renunciado a imponer un texto, para el que tenía mayoría suficiente con los votos de UCD y AP, a fin de lograr que la mayoría de las fuerzas políticas se sintieran comprometidas con la nueva Constitución. Ya lo había anunciado así en el discurso electoral previo, aquel famoso «puedo prometer»: «Puedo prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños». Este espíritu convierte a España internacionalmente en modelo de cómo pasar de una dictadura a una democracia.
Un partido a la medida
En 1981 Suárez había dejado el poder pero no la política. El 31 de julio de 1982 presentó el Centro Democrático y Social, un partido hecho con muchos leales pero pocos medios. La fuerza del partido es exclusivamente la figura del expresidente, reforzada por su papel el 23-F. Es insuficiente. En las elecciones de octubre, en las que el PSOE consigue aglutinar la mayor parte del voto progresista de España y obtiene mayoría absoluta, Suárez y su partido logran sólo 2 escaños. Queda claro que difícilmente volverá nunca a alcanzar la presidencia del Gobierno. Aunque en las elecciones siguientes, en 1986, el CDS llega a los 19 diputados y se convierte en la tercera formación más votada, tras el PSOE y el Partido Popular que ha sustituido ya a AP.
Durante un tiempo pareció que el partido de Suárez podría ser ese partido-bisagra en cuya mano está la estabilidad de los gobiernos. En las siguientes elecciones, celebradas en 1989, el CDS pierde cinco diputados. Aún parece que con 14 escaños podría jugar ese papel pero Suárez ya está para entonces muy castigado política y humanamente.
Su mujer, Amaparo Illana, y una de sus hijas padecen cáncer y Suárez decide dejar definitivamente la política para dedicarse a su familia. A partir de ahí, desaparece de la escena y llega simultáneamente el reconocimiento público de su labor como el hombre que hizo la inicial transición política desde el franquismo hasta la democracia. Una transición personal y una Transición colectiva.