Recurrirán al Constitucional invocando convenios internacionales suscritos por España
15 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la jurisdicción extraterritorial de los magistrados españoles que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estada obligará a archivar a partir de hoy una decena de causas de justicia universal pero dará satisfacción plena a las indisimuladas exigencias de países como China y Estados Unidos.
Este drástico recorte del principio de justicia penal universal -el segundo en el plazo de cinco años- salió adelante en un tiempo récord y con la oposición casi unánime de grupo políticos, jueces, fiscales que ya han anunciado que harán uso de todos los recursos legales a su alcance para tratar de evitar que se aplique en los términos en los que ha sido aprobado.
El grupo parlamentario del PSOE -el promotor del recorte del 2009- ya anunció que presentará recurso de inconstitucionalidad y los jueces instructores de alguna de las 12 causas abiertas no descartan plantear también cuestiones de constitucionalidad, por el incumplimiento de convenios internacionales suscritos por España, en un intento de evitar el cierre de algunos de los casos abiertos.
El primero en reaccionar ante la publicación de la reforma en el BOE fue el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que ya preguntó ayer a las partes de la causa sobre los asesinatos de los jesuitas en El Salvador si debe seguir la investigación por delitos de lesa humanidad y asesinato terrorista. También remitió una consulta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre si el juicio que se llevó a cabo en El Salvador sobre estos hechos tuvo garantías como para cerrar la causa en España.
Según Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, que está personado como abogado en varias causas abiertas, entre ellas el asalto y la quema en 1980 de la embajada de España en Guatemala, esta y la de los jesuitas de El Salvador son las dos únicas que se pueden salvar del sobreseimiento. La de los crímenes del Sáhara dice que es «técnicamente salvable» y todas las demás, son difícilmente recuperables mientras siga en vigor la reforma que se acaba de aprobar.