El Gobierno se abre a explicar en el Parlamento catalán las consecuencias de la secesión
ESPAÑA
Sáenz de Santamaría responde a Mas que no permitirá que saque las urnas a la calle para la consulta del 9 de noviembre
15 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno dejó ayer la puerta abierta a explicar y defender en el Parlamento de Cataluña los informes elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores que advierten de las consecuencias que tendría la independencia, entre otras la salida de la Unión Europea, el abandono del euro y una caída del 20 % del PIB catalán.
En respuesta a una pregunta directa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre si el Ejecutivo es partidario de que comparezca en la cámara catalana José Manuel García-Margallo, no descartó esa posibilidad sin precedentes de que el ministro de Asuntos Exteriores rinda cuentas ante un parlamento autonómico, pero respondió con ambigüedad calculada. «El Gobierno no tiene ningún inconveniente en explicar ese informe, al contrario, creo que es bueno que se explique», señaló. «Los ciudadanos tienen derecho a saber las consecuencias completas de las propuestas que hacen algunos», reiteró.
Pero, según fuentes gubernamentales, la comparecencia del ministro no está sobre la mesa, al menos por el momento. El propio García-Margallo dejó claro el jueves que está dispuesto a discutir y contrastar los datos que contienen los informes, pero donde corresponde, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Además, ofreció que sea el director general de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Eguidazu, quien acuda al Parlamento catalán.
CiU pidió ayer al ministro que acuda a la comisión de estudio del derecho a decidir del Parlamento catalán para discutir las cifras que constan en los informes. Una demanda que apoyaron ERC, el PSC e ICV.
Acto ilegal
El Gobierno, por otra parte, solo ha tardado 24 horas en contestar de forma contundente al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que el jueves garantizó que la consulta independentista se celebrará el 9 de noviembre, como está previsto, y sacará las urnas a la calle.
Sáenz de Santamaría le replicó que el Gobierno no lo va a permitir porque es un «acto de naturaleza ilegal» y actuará «en consecuencia». Reveló que ya ha recurrido las aportaciones económicas realizadas por 28 municipios a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para promover la independencia de Cataluña. Además, dio un paso más en la escalada verbal al acusar a Mas de provocar «división social e incertidumbre», que «ningún Gobierno debería alentar, ni promover».
Duran, pesimista
Por su parte, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, dio ayer por hecho que el Gobierno impugnará el decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre y la ley catalana de consultas. Ante esa situación ve dos escenarios posibles: o unas elecciones plebiscitarias convocadas por Artur Mas o una oferta del Estado que permita votar a los catalanes con «preguntas diferentes».
El primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, restó valor al documento del Ministerio de Exteriores sobre las consecuencias económicas de una eventual independencia de Cataluña, y lo comparó a los informes que hace el Consejo de Transición Nacional. «Son guerras de campanario que a lo que ayudan no es a dialogar, sino que ayudan justamente a crear titulares de división», afirmó.