Para acusarlo habría que aplicarle una norma del 2010 de forma retroactiva
12 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Iñaki Urdangarin se libra, al menos por el momento, de sentarse en el banquillo acusado también de blanqueo de capitales. El juez del caso Nóos, José Castro, ha rechazado la petición del sindicato Manos Limpias de imputar al duque, a su exsocio Diego Torres y a la esposa de este último, Ana María Tejeiro, por lavado de capitales. La acusación popular entendía que, además de defraudar al fisco, ellos mismos se dedicaron a reintroducir ese dinero negro en el circuito legal a través del uso regular de los fondos de procedencia ilícita para sus compras familiares.
El juez no entra siquiera a valorar estos hechos porque considera que sería ilegal imputárselos, ya que la figura del denominado «autoblanqueo», que es la que casaría con la supuesta actuación de Urdangarin y el matrimonio Torres-Tejeiro, se introdujo en el Código Penal en el 2010, posteriormente a los hechos denunciados, por lo que no cabría la aplicación retroactiva, pues se trata de una norma desfavorable para el reo.
En su auto, José Castro recuerda que él mismo, en un escrito de enero pasado, hizo «determinadas consideraciones sobre la posibilidad de iniciar una nueva línea de investigación» que apuntaba a la participación en el blanqueo de la infanta, aunque, acto seguido, asegura que «esta posibilidad se enmarcaba en un escenario hipotético que no se ha materializado». Nadie en los juzgados de Palma se atrevió a interpretar esa enigmática frase del instructor, que podría apuntar a que no mantendrá la imputación por lavado de dinero contra la hija del rey, quien solo quedaría vinculada a la causa por fraude fiscal.
Descartado el «autoblanqueo», Iñaki Urdangarin se sentaría en el banquillo acusado de tres delitos fiscales, amén de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. Unos hechos por los que la Fiscalía prevé reclamar hasta 17 años de cárcel si no hay un acuerdo antes.
Camps, otra vez
Castro también resolvió ayer otras cuestiones, entre ellas la de volver a citar a declarar como testigo al expresidente valenciano Francisco Camps para que conteste a las nuevas preguntas propuestas por las partes, tras conocer su declaración por escrito del pasado 1 de febrero. Tendrá que responder a cuestiones relacionadas con las adjudicaciones que la Generalitat hizo a Nóos, entre ellas la organización de los Valencia Summits y de los fallidos juegos europeos.