Dice que el escándalo de las facturas falsas no tiene que ver con el de los ERE
08 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Mercedes Alaya, la titular del juzgado de instrucción numero seis de Sevilla, no es la competente para investigar las irregularidades contables de UGT en Andalucía. Ayer se conoció un auto notificado el pasado jueves por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que estima parcialmente un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que alegaba que no era el juez predeterminado por la ley -el primero que recibió la denuncia-, lo que podía provocar la nulidad del proceso.
La audiencia sevillana entiende también que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, por lo que acuerda que la magistrada abandone esta investigación, pero únicamente en la parte que atañe a las facturas de UGT.
Cuestión de competencia
Mercedes Alaya se declaró competente para asumir la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación el pasado mes de diciembre, al serle remitida la causa por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, siguiendo el criterio del ministerio público, que le solicitó expresamente en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada.
Con anterioridad, concretamente el 12 de septiembre, esta jueza incoó nuevas diligencias que declaró secretas, derivadas de la denominada operación Heracles, desarrollada por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
En diciembre, una vez recibidas las denuncias remitidas por la Audiencia Nacional, Alaya ordenó a la Guardia Civil el registro de la sede central del sindicato UGT Andalucía y las de varias empresas relacionadas con los cursos de formación de este sindicato, en los que se llevaron ordenadores y diversa documentación.
Con esta decisión de la audiencia provincial, la magistrada también tiene que devolver al decanato de Sevilla las distintas denuncias que había acumulado procedentes de distintos juzgados sevillanos y, según las normas de reparto, se verá si todas ellas se concentran todas en el juzgado que recibió la primera de ellas.
Por otra parte, el abogado de los exdirectores de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, en un recurso presentado contra el aplazamiento a abril de la comparecencia de los peritos de la Intervención General del Estado, pide a la jueza que «se abstenga» de intervenir en el caso de los ERE irregulares y eleve «de forma inmediata» una exposición razonada al Tribunal Supremo, puesto que entiende que «ya no tiene competencia» para actuar al considerar que debe imputar a personas aforadas, como Griñán y Chaves .