Los recortes pasan factura a todos los niveles educativos, según el informe de Becerril
ESPAÑA
La memoria anual de la defensora del pueblo es un excelente barómetro para cuantificar las consecuencias de la crisis económica y de las importantes restricciones presupuestarias que han afectado a pilares básicos del estado de bienestar. El sistema educativo es uno de los que más ha sufrido en el 2013 la falta de recursos «en todos sus niveles», tanto en instalaciones educativas, ayudas a alumnos y familias, servicios complementarios de comedor, transporte y atención a necesidades especiales.
El documento alerta del incremento de las quejas por los precios públicos en las universidades, el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso a las becas y ayudas al estudio o los cambios en el programa Erasmus con el curso ya empezado. Esta institución apunta que estas cuestiones son también «reflejo de las restricciones económicas», que «convendría aliviar» en la medida en que la evolución de la economía lo permita.
El informe ejemplifica estas limitaciones y advierte sobre el uso de instalaciones precarias. Además, los datos aportados por las administraciones educativas a lo largo del año 2013 han permitido a la defensora del pueblo constatar el «importante retroceso» experimentado en los fondos destinados a la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, así como su número de beneficiarios. En los mismos términos se refiere a las convocatorias de becas y su cuantía económica.
Elementos religiosos
La defensora del pueblo también se pronuncia en su último informe sobre la presencia de elementos religiosos en las salas de plenos de las corporaciones locales, un hecho que «puede afectar a la neutralidad» y carece de «relación objetiva» con las actuaciones públicas que se llevan a cabo en estos lugares.
Desde un punto de vista cuantitativo, los expedientes tramitados por la Oficina del Defensor del Pueblo en el 2013 descendieron un 88 % respecto al año anterior, cuando se dispararon por las miles de reclamaciones contra la supresión de la paga extra de los funcionarios. Este retroceso es sensiblemente inferior (un 32,2 %) si se tienen en cuenta solo las quejas tramitadas por esta oficina, 22.400 en el 2013 frente a las 33.073 del ejercicio anterior. Soledad Becerril hizo una interpretación positiva de este descenso. «Puede haber unas perspectivas más esperanzadoras para los próximos meses y años», valoró.