El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijoo, reaccionó a la decisión del TJUE resaltando que el fallo no afecta al impuesto en su formulación normativa actual, la cual data de enero del 2013, y contradiciendo al Gobierno central, pues aseguró que la Xunta tampoco tendrá que devolver un solo euro por las decenas de millones que recaudó con dicho tributo desde el 2004 hasta diciembre del 2012. Es el Estado, no la Administración autonómica, el que «debe responder» por la sentencia, arguyó, preguntado al respecto, tras la reunión semanal de su Gabinete. «En consecuencia, estabilidade nos ingresos da comunidade. [...] Para tranquilidade dos galegos, isto non afecta á recadación da Xunta», apostilló.
Desde la Consellería de Facenda lanzan un mensaje clavadito. Recuerdan que el céntimo sanitario fue diseñado, creado y gestionado por el Gobierno en el 2002 (con Aznar), que enviaba a las comunidades, vía transferencia, la recaudación correspondiente para que hicieran uso de los recursos. Por tanto, es el Estado el que debe rendir cuentas, concluye.
Como Galicia, otras comunidades lanzaron la pelota al tejado de Montoro. El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, insistió en que el céntimo sanitario fue un impuesto estatal, por lo que debe ser el Gobierno central el que afronte las consecuencias.
La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunció en la misma línea, como el Principado de Asturias y el presidente de la Generalitat Valenciana. Alberto Fabra considera que el fallo europeo requiere una «solución coordinada con el resto de comunidades y el Gobierno», a quien, a su juicio, va dirigida ya que «la competencia la tiene la Agencia Tributaria, que es quien tiene que hacer la devolución a los profesionales del sector del transporte».
Pero fuentes del Ministerio de Hacienda avanzaron que la responsabilidad será compartida con las comunidades autónomas a la hora de afrontar las devoluciones del impuesto declarado ilegal. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, por su parte, afirmó que «sin duda» las devoluciones que haya que hacer tendrán su efecto en las cuentas de «todas las Administraciones públicas».
En manos de los jueces
Beteta declaró también que serán los órganos jurisdiccionales españoles, «principalmente» los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas los que tengan que analizar la sentencia e implementar las medidas para el cumplimiento de la misma, un proceso que no será «ni fácil ni rápido».
¿Y Montoro? El ministro de Hacienda sorprendió afirmando que la sentencia «está desautorizando» a la Comisión Europea, que fue quien respaldó al Gobierno y a las comunidades autónomas a implantar esta medida.
«Para tranquilidade dos galegos, isto non afecta á recadación da Xunta»
Alberto Núñez Feijoo