Greenpeace amordaza a los leones de las Cortes en protesta por la Ley de Seguridad Ciudadana

La asociación calcula que esta infracción podría costarle hasta 90.000 euros


Dos activistas de Greenpeace han sido detenidos por la Policía después de que un pequeño grupo de la organización amordazara durante unos instantes uno de los leones del Congreso de los Diputados en protesta por la futura ley seguridad ciudadana que, a su juicio, «criminaliza la protesta pacífica».

Así lo ha explicado el presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha asegurado que se ha tratado de un «incidente menor», registrado cuando todavía no estaba reunido el pleno de la Cámara y que la Policía ha actuado con «gran rapidez y sin violencia».

El resto de los activistas, apenas media docena, que portaban una pancarta con la leyenda «No a la ley mordaza», han sido desalojados de la escalinata del Congreso y acompañados a una calle lateral donde han continuado pacíficamente con la protesta.

Posada ha recordado que no puede haber manifestaciones en las inmediaciones del Congreso mientras el pleno está reunido porque ello «puede influir en las decisiones de los diputados», aunque ha insistido en que se ha actuado con rapidez y el incidente ha sido de escasa importancia.

Fuentes parlamentarias han indicado a Efe que los dos detenidos han sido identificados y trasladados posteriormente a dependencias policiales fuera del Congreso, toda vez que el suceso no se ha producido en el interior de la Cámara.

No es la primera vez que Greenpeace protagoniza una protesta en el Congreso.

El 9 de mayo del año pasado, un grupo de activistas intentó desplegar una pancarta en la fachada del edificio del Congreso para protestar por la reforma de la ley de costas, que esa mañana se aprobaba en la Cámara baja.

Les puede costar hasta 90.000 euros

Greenpeace calcula que amordazar a los leones del Congreso de los Diputados podría costarle a la organización hasta 90.000 euros con la futura Ley de Seguridad Ciudadana, que considerará infracciones graves protestar en el Cámara baja, desobedecer a la autoridad e instigar este tipo de acciones.

«La ley incluye una cláusula Greenpeace» contra esta organización, ha ironizado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña contra esta ley, quien ha explicado que los once activistas que han amordazado hoy a los leones del Congreso podrían ser responsables de tres infracciones graves, sancionadas con entre 1.001 y 30.000 euros.

Durante una rueda de prensa para presentar una campaña contra esta ley, el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha apuntado que la acción la han realizado once personas, de las que seis se han dedicado a amordazar a los leones con unas cintas amarillas durante un breve periodo de tiempo.

«Hay artículos pensados para Greenpeace», ha señalado Soto, quien ha destacado que el anteproyecto de ley incorpora infracciones que describen el tipo de actividades como las que protagoniza Greenpeace en sus protestas, como la acción del pasado noviembre en la que colgaron en un edificio de Plaza de España un cartel contra la «ley Mordaza».

Escalar edificios públicos, castigado con una multa de entre 1.001 a 30.000 euros, o realizar manifestaciones en centrales nucleares, sancionado con entre 1.001 y 30.000 euros, son algunas de las infracciones graves o muy graves que incluye este anteproyecto y que la organización cree que el Ejecutivo ha «pensado» para ellos.

Además, Rodríguez ha considerado «muy grave» que la ley despenalice ciertas faltas, que antes se incluían en el Código Penal y que ahora pasan a ser infracciones, de forma que los ciudadanos ven cómo su derecho a la presunción de inocencia se transforma en el de la veracidad de los agentes policiales.

«Pasaremos de declarar ante el juez a pagar multas. Cambiamos la tutela judicial por la tutela policial. Ya no seremos sujetos de derecho, sino sujetos de sospecha», ha criticado Soto.

«No nos van a callar», ha clamado Rodríguez por su parte, quien ha explicado que Greenpeace también lleva a cabo acciones en países autoritarios y que, de hecho, en España tiene 120 activistas inmersos en procesos judiciales y una multa de 300.000 euros.

Por ello, Greenpeace ha invitado a los ciudadanos a que coloquen este sábado 1 de marzo en todos los lugares visibles mordazas para mostrar su descontento.

Asimismo, Soto ha adelantado que la organización está preparando un informe sobre esta ley y sobre la reforma del Código Penal para llevarlo al Consejo de Estado con el objetivo de que el Gobierno cese en su «intento de silenciar a los ciudadanos».

«Estamos esperando a que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, retire esta ley porque no protege los derechos fundamentales», ha resaltado Rodríguez, quien se ha felicitado de que el Consejo Fiscal criticara en un informe de febrero esta ley al considerar que permite un «excesivo» margen de discrecionalidad policial.

El pasado 24 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial dijo que todavía no ha aprobado su informe preceptivo sobre esta ley, aunque la propuesta del órgano de gobierno de los jueces seguramente cuestionará algunos aspectos de esta ley, según dijeron en su día a Efe fuentes del CGPJ.

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