Parte de una querella contra varios altos dirigentes etarras y abriría la puerta a eliminar la prescripción de crímenes de la banda
19 feb 2014 . Actualizado a las 14:38 h.La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido en un auto la competencia de este tribunal para investigar actos de genocidio cometidos en España por la banda terrorista ETA, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes han precisado que la Sala de lo Penal admite esta competencia en una resolución acordada el pasado 29 de enero. Con esta decisión, según las mismas fuentes, se abriría la puerta a eliminar la prescripción de los crímenes cometidos por ETA desde 1977. Precisamente, la Audiencia Nacional adopta esta decisión a partir de una querella presentada ante este tribunal el pasado mes de agosto por la familia de una víctima de uno de los 326 asesinatos cometidos por la banda terrorista que se declararon prescritos.
La doctrina de los juicios Nüremberg
La querella, presentada como acusación particular, va dirigida contra varios altos dirigentes de ETA. Según las mismas fuentes, en la querella se pide aplicar la doctrina de los juicios de Nüremberg contra los altos dirigentes del régimen nazi. Esta querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que dirige Javier Gómez Bermúdez que, en un auto dictado el 16 de octubre de 2013, decidió no admitirla a trámite.
Los querellantes presentaron entonces un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ahora ha reconocido la competencia del juez para investigar estos hechos y por tanto devuelve las actuaciones a su Juzgado para que ordene las diligencias que estime oportunas. La querella, de más de 1.200 páginas, fue presentada bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez Arias experto en Derecho Internacional, quien también ha tenido el apoyo de la asociación Dignidad y Justicia. Los querellantes han pedido que se decrete el secreto de las actuaciones. Se trataría de la primera vez que se reconoce la competencia de la Audiencia Nacional para investigar actos de genocidio cometidos en España, que no llegaron a ser reconocidos tras la investigación del juez Baltasar Garzón en relación con los crímenes del franquismo.