Anticorrupción pedirá 17 años de cárcel para Urdangarin

La Fiscalía sentará en el banquillo al duque de Palma y a 15 personas más


Colpisa

Iñaki Urdangarin quizás nunca llegue a estar acompañado de su mujer en el banquillo de los acusados, pero desde luego no va a estar solo

Anticorrupción ultima ya el escrito de acusación del caso Nóos en el que, si no hay cambios de última hora o pactos extraprocesales, pedirá el procesamiento de un total de 16 de los 41 imputados en este sumario, con el duque de Palma, Diego Torres y el expresidente de Baleares Jaume Matas a la cabeza. Según han desvelado fuentes del caso, el fiscal Pedro Horrach pedirá entre 75 y 132 años para todos los encausados, quienes se enfrentarán a acusaciones de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración, delito fiscal y blanqueo

Las acusaciones más graves y las peticiones más altas de cárcel serán para los dos cabecillas del Instituto Nóos. La Fiscalía, tal y como adelantó este periódico en mayo, mantiene intacta su intención de reclamar hasta 17 años de cárcel para Urdangarin por malversación, prevaricación, falsedad documental y tres delitos fiscales. Diego Torres se enfrentará a una reclamación de 15 años por los mismos cargos que el duque, aunque un delito fiscal menos. Horrach, no obstante, valora aún si imputarle también uno más de blanqueo

Matas, entre cinco y once años de cárcel

Matas, siempre según el borrador que maneja Anticorrupción, se movería en una horquilla de cárcel de entre cinco y once años por prevaricación, malversación y fraude a la administración. Entre las peticiones más altas de cárcel se encontrarán también los cuñados de Torres y contables de la trama Marco y Miguel Tejeiro. El primero con una petición de hasta once años y el segundo hasta 17 años. La mujer del exsocio de Urdangarin, imputada en la causa, muy probablemente jamás se siente en el banquillo, porque la Fiscalía sopesa no acusarla de delito alguno.

Tres de los imputados, el exdeportista y amigo de los duques de Palma Pepote Ballester y los exresponsables de la administración balear Juan Alia Pino y Miguel Bonet, no pisarán la cárcel con toda seguridad porque sus acusaciones van a ser suavizadas considerablemente al haber colaborado activamente en la investigación. Tampoco se enfrentará a la prisión, aunque Anticorrupción sí quiere sentarla en el banquillo, la exdeportista Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid 2016, la sociedad que entregó 120.000 euros a Urdangarin por no realizar trabajo alguno. Horrach valora acusarle de prevaricación, un delito castigado con la inhabilitación, pero no con cárcel.

Las adjudicaciones a Urdangarin en Valencia

El listado de futuros procesados, siempre según el borrador de Anticorrupción, incluye también por la parte de los negocios de la fundación en Baleares al exgerente público Gonzalo Bernal. Y por las adjudicaciones a Urdangarin en Valencia a los exdirectivos de las administraciones de esa comunidad Jorge Velas, Elisa Maldonado, José Manuel Aguilar, Luis Lobón y Ángeles Mallent, además del empresario Miguel Zorío. Pacto fallido En el listado de procesados que prepara la Fiscalía el nombre de Urdangarin está ligado a las penas más altas y, según Anticorrupción, cada día que pasa parece más difícil llegar a un acuerdo con su defensa para tratar de aplicarle algún tipo de atenuante que rebaje la pena

Una petición de cárcel, no obstante, que Horrach en modo alguno está dispuesto a reducir a menos de 5 años, lo que implicaría el ingreso en prisión del yerno del Rey si es condenado. El último contacto entre los abogados del duque y la Fiscalía en busca de un acuerdo tuvo lugar a finales del año pasado. El entorno de Iñaki Urdangarin ofreció entregar los 6 millones de euros que los dos socios del Instituto Nóos se llevaron en adjudicaciones de los gobiernos valenciano y balear. El marido de la infanta, incluso, se mostró dispuesto a pagar la parte de su exsocio. Pero la defensa del duque propuso dar ese dinero a cambio de considerar a su cliente totalmente inocente de cualquier delito y solo responsable a «título lucrativo» de esas irregularidades. O sea, la misma figura jurídica que la Fiscalía quiere para la infanta en este sumario y para la que va a reclamar una fianza civil de 600.000 euros.

«Atenuantes cualificadas»

El Ministerio Público rechazó de plano la oferta de Urdangarin e insistió en que, sea como fuere, un pacto debe pasar, además de por devolver el dinero, por aceptar una pena de cárcel, aceptar los delitos y mostrar arrepentimiento. En la situación actual de la causa, a punto de concluir la instrucción, Anticorrupción considera ya muy difícil, por no decir imposible, aplicar «atenuantes cualificadas» que disminuyan de manera importante las peticiones.

Desde luego, pasados dos años de instrucción judicial, las atenuantes por arrepentimiento espontáneo o colaboración con la justicia son casi impensables. Las últimas sentencias de casos de corrupción de la Audiencia Provincial han venido dando la razón a las reclamaciones de la Fiscalía. Como en el caso Cola Ca', en el que los imputados que colaboraron fueron condenados a penas de cinco años, mientras que los responsables autonómicos que se negaron a acuerdos, a penas de 17.

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