El juez Ismael Moreno pedirá el arresto del expresidente chino y cuatro ex altos cargos
ESPAÑA
La decisión quedará en papel mojado tras la reducción prevista de los procesos en los que los tribunales españoles pueden tratar casos de justicia universal
07 feb 2014 . Actualizado a las 12:47 h.El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictará la orden internacional de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng y otros tres ex altos cargos de la cúpula política y militar de ese país por el genocidio en el Tíbet. En una resolución de apenas un párrafo, el magistrado dice dar cumplimiento al auto de la sección segunda de la Audiencia, que el pasado 18 de noviembre, ordenaba la puesta en búsqueda y captura de los políticos que gobernaron China en la década de los noventa del siglo pasado.
El juez dio a conocer su decisión el mismo día en que la sección cuarta de la misma sala notificó un auto en la que rechaza la petición de la Fiscalía de anular las órdenes internacionales de detención dictadas el pasado noviembre contra los ex líderes comunistas chinos porque no están precedidas de los necesarios autos de prisión.
Ese auto dice que «resulta indiscutible que el instructor no dicta las órdenes internacionales de detención porque considera que no existen indicios racionales de criminalidad que le autoricen a dictar el previo auto de prisión», una decisión que según aclara, pretendía que la tomase la sala, cuando no es competente para ello, según la legalidad vigente.
Papel mojado
Estos pronunciamientos judiciales se producen días antes de que comience el debate en el Congreso de la proposición de ley del Grupo Popular en la que plantea una reducción drástica de los casos en los que los tribunales españoles podrán incoar procesos al amparo del principio de justicia universal. Una reforma que, según fuentes jurídicas y políticas, se tramitará por la vía rápida para desactivar este proceso y que dejará en papel mojado la mayoría de los proceso abiertos al amparo de ese principio.
La querella contra los ex dirigentes chinos fue admitida a trámite en el 2006, cuando la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por jueces chinos o por el Tribunal Penal Internacional.