La hija del rey tendrá que acudir a declarar el próximo día 8 de marzo, en el marco del «caso Nóos», por un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo
07 ene 2014 . Actualizado a las 18:18 h.El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo a las 10.00 horas por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La defensa de la infanta Cristina recurrirá ante la Audiencia de Palma su imputación por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, acordada por el juez que investiga el «caso Nóos». En declaraciones a los medios de comunicación, Miquel Roca, abogado de la infanta, ha señalado hoy que discrepa de la decisión del juez Castro de imputar a Doña Cristina, por lo que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma para evitar que tenga que acudir a declarar el próximo 8 de marzo.
El titular del juzgado número 3 de Palma, José Castro, ha comunicado hoy la imputación de la hija menor del rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de doña Cristina, Iñaki Urdangarin.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta Cristina, pero cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió poco después la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso ante la Audiencia Provincial.
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
Castro imputó por primera vez a doña Cristina al apreciar hasta catorce indicios de que pudo consentir que su parentesco con el rey fuera usado por su marido, Iñaki Urdangarin, y el exsocio de éste, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Nóos, entidad que es investigada por el desvío de fondos públicos por más de 6 millones de euros.
El juez señaló «un supuesto de cooperación necesaria» o «complicidad» por parte de la infanta en los delitos que se atribuyen a Urdangarin y Torres, que son falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública. La Audiencia de Palma rechazó la imputación pero consideró inconclusas las indagaciones sobre un presunto delito fiscal o de blanqueo de dinero por parte de la infanta. El juez José Castro sostiene que hay indicios suficientes de que la infanta Cristina se prestó a que Aizoon «sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales» y realizó gastos fraudulentos con fondos de la empresa.
El tribunal expresó recelos sobre un informe de la Agencia Tributaria que llevó a imputar delitos fiscales a Urdangarin y Torres. «No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública y, tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la infanta», decía el auto del pasado mayo. El tribunal de la Sección Segunda se refirió a Aizoon como «una pantalla que se constituyó con una finalidad defraudatoria» y cuestionó que los ingresos de esa sociedad, dedicada originalmente a la gestión inmobiliaria, pudieran haberse destinado «al pago de gastos particulares» por parte de los duques de Palma, conociendo su origen ilícito desde marzo de 2006. «La infanta debería saber o conocer, y por eso abandona el instituto Nóos, que para entonces Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda tanto en el impuesto de sociedades (...) como de la personas físicas y que se ha enriquecido por contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon al Instituto Nóos», dijo la Audiencia. «Esas disposiciones de dinero sucio quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales», decía el auto. Una forma de actuar que el magistrado considera irregular «por omisión», recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera «alertada» del proceder de su marido, tanto por su «sólida formación» como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que «se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas».
Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, Castro se pregunta por qué la infanta no utilizó su «paritario potencial participativo» en la sociedad Aizoon para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa. A partir de este pronunciamiento, Castro inició una prolija investigación de la que se ha derivado hoy la imputación de la duquesa de Palma, a la que se habían opuesto tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta. Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, había pedido que se imputara a doña Cristina al considerar que en los análisis llevados a cabo por la Agencia Tributaria y por la Policía se ponían de manifiesto claros indicios de delito.
Califica de «inadmisible» que se exija un especial cuidado
El instructor del caso Nóos, José Castro, niega firmemente en el auto en el que vuelve a imputar a la infanta Cristina «cualquier atisbo de arbitrariedad» en su decisión y considera «inadmisible» que las citaciones de personajes públicos, «especialmente aquéllos vinculados a Instituciones del Estado» se «pretendan adornar de un especial cuidado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a su convocatoria». En el auto dado a conocer este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 señala que, de ser así, «estaríamos bendiciendo la institucionalización de imputaciones especialmente cuidadosas frente a otras que no lo son, simplemente por la diferente repercusión social de la imputación».
Por el contrario, considera el juez que son los personajes públicos «quienes están llamados a observar ese especial cuidado para no situarse en órbitas que pudieran resultar cuando menos comprometedoras». Vistos los diferentes escritos de las partes, ninguno de los cuales salvo Manos Limpias defendían la imputación, el juez defiende lo extenso del auto de imputación porque se le obliga a «una razonada respuesta» a cada uno de ellos. De haberla denegado debería también explicitar las razones de la citada desestimación, añade.
Respeto a las decisiones judiciales
La Casa del Rey ha expresado hoy su «respeto a las decisiones judiciales» tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos.
El titular del Juzgado número 3 de Palma ha comunicado la imputación de la hija menor del rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades ilícitas del Instituto Nóos, que presidió el esposo de doña Cristina, Iñaki Urdangarin.
La Casa del Rey manifestó su «máximo respeto por las decisiones judiciales» cuando, el 7 de mayo del año pasado, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la imputación de doña Cristina decidida un mes antes por el juez. Aquella resolución de José Castro suscitó una reacción de la Jefatura del Estado muy comentada en aquel momento, ya que la Casa del Rey expresó su «sorpresa» por «el cambio de posición» del juez Castro y mostró su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía de presentar recurso contra esta medida. Después de destacar que había tenido conocimiento del auto de imputación «por los medios de comunicación», Zarzuela subrayaba entonces que el juez había sostenido hasta ese momento la posición de no imputar a la infanta y manifestaba su conformidad con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir «en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad».
En la entrevista concedida a TVE con ocasión del 76 cumpleaños de don Juan Carlos, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afirmó que prefería no «especular» sobre el desenlace del caso Nóos, pero pedía que el juez Castro terminara pronto la instrucción de un sumario que «lleva ya tres años largos abierto» y cuya prolongación, según subrayaba, resulta «un poco un martirio» para la Corona. «Hay que confiar siempre en la Justicia, siempre hemos respetado las actuaciones del magistrado» y «lo único que pedimos» es «que termine pronto», recalcaba Spottorno, quien recordaba que el sumario «se ha prolongado mucho en el tiempo» y él entiende que «se han hecho todas las diligencias que tenían que hacerse, tanto documentales como testificales, como de todo tipo».
El juez Castro ha decidido hoy finalmente una imputación de doña Cristina que solo había pedido el sindicato Manos Limpias, organización que ejerce la acusación popular y que había solicitado que se imputara a la infanta al considerar que en los análisis llevados a cabo por la Agencia Tributaria y por la Policía se ponían de manifiesto indicios de delito.