Basta que uno no quiera para que la convivencia se convierta en un calvario. Después se pueden buscar mil y una excusas para justificar los problemas, pero si no hay una voluntad previa de acuerdo y respeto a las normas, la cohabitación se torna imposible. Las instituciones han de ser entes vivos que evolucionen al ritmo que lo hacen las sociedades a las que sirven. Pero adaptación no es acoso y derribo. Porque ese «grave problemón sobre el modelo de estado en el Estado español», como dijo ayer Ortuzar, ha sido generado en buena medida por quienes ahora se amparan en esos supuestos fallos para intentar cambiar las reglas de juego.
El modelo establecido en la Constitución ha funcionado razonablemente bien durante 35 años, y si ahora deja ver grietas no vale achacarlos a defectos estructurales. Más que el diseño ha fallado su aplicación. Cierto que ha habido resistencias centralistas y centralizadoras, enemigas de la diversidad real de España. Pero no es menos cierto que los nacionalistas se han comportado como bomberos pirómanos, azuzando los vientos de la separación en la consideración de que revolviendo las aguas ganaban más. Las tensiones en un Estado complejo son normales. Lo que no es natural es empujar para acentuar las diferencias. Es lo que han hecho los nacionalistas, pero también las nuevas élites autonómicas. Para asentar su poder han recurrido a la emulación, el agravio comparativo y el victimismo, sacrificando la solidaridad y los lazos que unen. Y así es imposible. Todo es modificable, pero no se puede estar en una agitación permanente pretendiendo cambiar un marco de convivencia al día siguiente de haberlo pactado. Un contrato social exige compromiso y responsabilidad. Lo demás es una estafa.