El Congreso, a iniciativa del BNG, insta al Gobierno a que el mapa judicial respete las singularidades autonómicas

El PP veta una iniciativa para someter los indultos a control parlamentario


Redacción / La Voz

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a «tener en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas» de las distintas comunidades autónomas en el diseño del nuevo mapa judicial. El texto inicial, presentado por la diputada del BNG Olaia Fernández, pedía retirar la propuesta elaborada por los expertos que apuesta por un modelo de tribunales de instancia de ámbito provincial, con una transformación radical del actual mapa judicial, que en el caso de Galicia dejaría reducidos a cuatro los 45 partidos judiciales actuales.

La diputada nacionalista aceptó una enmienda transaccional del PP, con lo que su iniciativa se ha concretado en pedir al Gobierno que se coordine con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia y las comunidades con las competencias transferidas en el proceso de elaboración de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. La propuesta salió adelante por 27 votos a favor -de BNG, PP y CiU-, 14 en contra -PSOE e Izquierda Plural- y una abstención.

El tema ya fue objeto de debate en la reunión de la conferencia sectorial de Justicia del pasado lunes. Allí se pusieron de manifiesto las discrepancias con el proyecto gubernamental de dejar un solo partido judicial por provincia, que en el caso de Galicia, la segunda comunidad con más partidos, incluso dejaría sin sedes judiciales a ciudades como Vigo, Santiago y Ferrol. El secretario de Estado que presidió la reunión los tranquilizó diciendo que cada tribunal de instancia provincial podrá tener varias sedes y que se seguirán teniendo en cuenta parámetros como la población, el número de asuntos y las distancias.

No recurribles

En esa misma comisión, con los votos de PP y CiU fue rechazada otra proposición no de ley de UPyD en la que se pedía que el Gobierno establezca un mecanismo legal de control parlamentario y rendición de cuentas sobre los indultos concedidos y que estos puedan llegar a ser recurridos ante los tribunales.

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