Las autonomías quieren más dinero de las tasas para la justicia gratuita

En comunidades como la gallega la propuesta del ministerio apenas cubre la cuarta parte del incremento del gasto


Redacción / La Voz

El Ministerio de Justicia está dispuesto a asumir con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en la que se ha ampliado el número de beneficiarios, pero con un tope que todas las comunidades con competencias en la materia consideran insuficiente. Este fue el tema estrella de la conferencia sectorial celebrada ayer en Madrid bajo la presidencia del secretario de Estado Fernando Román, a la que asistieron los consejeros de las doce comunidades con competencias transferidas.

Ninguno de los asistentes dio su visto bueno a esa propuesta que todos rechazan aunque con distinto grado de contundencia. «Se nos dijo que las modificaciones de las tasas judiciales estarían destinadas a la mejora de la justicia gratuita, por eso pedimos al Gobierno que cumpla su palabra», dijo a la salida el consejero de Presidencia y Justicia de Aragón. Su homólogo en la Comunidad de Madrid rechazó la propuesta del ministerio y pidió que la cantidad íntegra recaudada por las nuevas tasas se destine a la financiación de la justicia gratuita. Adelantó que si el Gobierno no modifica su propuesta, la Comunidad de Madrid podría llegar a pedir la derogación de la ley de tasas, que quedaría como un instrumento «meramente recaudatorio» y no ayudaría a convertir a la justicia en el servicio público esencial que merecen los ciudadanos.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, coincidió en estas críticas e insistió en pedir al ministerio que «reconsidere» su postura, «dado que la propuesta inicial y la de ahora sin diferentes».

La elevación de los umbrales dentro de los que se puede solicitar la asistencia jurídica gratuita ha hecho que, en el caso concreto de Galicia, se haya incrementado un 6 % el número de solicitudes atendidas. Con el tope que pretende el Gobierno, el incremento de la aportación estatal apenas cubriría una cuarta parte del gasto adicional por el mayor número de casos atendidos..

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