En la vivienda, propiedad de Banesto, reside una pareja de desempleados con cuatro hijos en riesgo de exclusión social
10 dic 2013 . Actualizado a las 18:07 h.La Junta de Andalucía ha culminado hoy la expropiación de uso a la entidad financiera Banesto de una vivienda de Torremolinos (Málaga) en la que reside una pareja de desempleados con cuatro hijos, la segunda que aprueba el Consejo de Gobierno tras la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.
La casa en la que residen Omar Abattouy, de 43 años y Umkiltoun Sarroukh, de 33, con sus hijos de 16, 15, 12 y 7 años, tiene 55,62 metros cuadrados y está situada en el número 5 de la calle Río Trueba, según ha informado hoy la Consejería de Fomento. Los dos miembros de este matrimonio están desempleados y actualmente no perciben tampoco ninguna prestación, de forma que sus únicos ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante esporádica.
Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la construcción, pero «con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria él y su familia han quedado en situación de extrema vulnerabilidad», según Fomento. El Gobierno andaluz ha declarado la utilidad pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres años, lo que permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto. Como requisito previo, la Consejería ha acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social y que el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud.
La familia cumple los requisitos socioeconómicos establecidos por la Ley de Función Social de la Vivienda, que implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la hipoteca. La Consejería ha remitido al juzgado una notificación en la que informa de este acuerdo con el objetivo de que el desahucio no se ejecute bajo ningún concepto. El justiprecio establecido por los peritos es de 2.166 euros por año durante tres años, el 2 por ciento del precio del remate por el que la entidad se adjudicó la vivienda (108.348 euros).
Esta expropiación es la segunda que culmina la Junta tras haber completado el proceso para la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva, y hay otras 33 ya publicadas en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y a la espera de llegar a Consejo de Gobierno.