La cultura del dinero fácil y abundante

la voz

En el contexto de la ola de corrupción que nos invade, cuando el epicentro de la marejada estaba centrado en los partidos políticos, en los últimos meses se abrió otro frente, esta vez por el sur, que afecta de lleno a los sindicatos mayoritarios y muy especialmente a UGT-Andalucía.

La repercusión que este frente ha tenido en algunos medios provocó la reacción de la Administración pública andaluza, seriamente tocada por otro escándalo económico -el de los ERE- y forzó la dimisión del máximo responsable del sindicato en la comunidad autónoma.

El episodio de las facturas falsas es un ejemplo clarísimo del mal uso del dinero público, pero no el único y en ningún caso el más grave de los que se han conocido en los últimos años y que en la mayoría de los casos se han gestado en el marco de la cultura del dinero fácil y abundante que se ha ido imponiendo paulatinamente en los años de vacas gordas.

No dejan de ser variantes de la corrupción en el sentido amplio del término que no siempre encajan de una forma clara en el Código Penal.

Ejemplos de todos los colores

Repasando las hemerotecas se encuentran ejemplos para todos los gustos y colores. Las partidas destinadas a cursos de formación de parados, gestionadas por organizaciones patronales y sindicales, siempre han dado mucho que hablar pero sobre ellas nunca se ha escrito demasiado.

Hace menos de una década, a comienzos del verano del 2009, los líderes de los distintos partidos de la oposición de entonces coincidían en calificar de «mal uso de los fondos públicos, malversación, abuso o despilfarro» el pago a un lobby norteamericano de dos millones de dólares (1,4 millones de euros al cambio actual) para empujar a que el expresidente José María Aznar obtuviera la medalla del Congreso de EE. UU.

Años más tarde, al final del primer Gobierno de Zapatero, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, denunciaba ante el Tribunal de Cuentas al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por considerar que había hecho un «mal uso del dinero público» al acometer la reforma de su vivienda oficial con un coste de 250.000 euros.

Por esas mismas fechas estallaba el escándalo Gürtel, que afecta de lleno a la línea de flotación del actual partido en el Gobierno y ya coleaba el caso Palau, en Cataluña.

Los casos de corrupción con dimensión nacional, regional o local no dejan de aflorar a diario. En todos, de una forma o de otra está en juego el dinero público, ya que el que soborna nunca lo hace de forma altruista, siempre espera recibir algo a cambio que, de una u otra manera, sale del erario: contratos de prestación de servicios, adjudicaciones de obras o subvenciones para proyectos de todo tipo, en muchos casos de dudoso interés publico.

El órgano fiscalizador por excelencia del buen uso de los fondos públicos, al menos mientras no se encuentren indicios delictivos, es el Tribunal de Cuentas, cuya eficacia brilla por su ausencia. Los doce consejeros que lo integran son nombrados por los partido políticos. Tiene 801 empleados públicos y un presupuesto que ronda los 61 millones de euros.

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