Elena Martínez fue una de las ocho personas imputadas por atentar contra las instituciones del Estado durante la manifestación del 25 de septiembre del año pasado en torno al Congreso. Entonces el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional archivo la causa contra ella y sus compañeros al considerar que no existió delito. Martínez denuncia ahora que la nueva ley de seguridad ciudadana acabará con las garantías judiciales de las que hasta ahora han dispuesto los denunciados. «Las garantías judiciales podían ser buenas, malas o regulares, pero al menos hasta este momento las había. Ahora te quitan el dinero primero y luego vete a recurrir», asegura.
En este sentido, añade que hasta ahora todas las denuncias contra miembros de este movimiento ciudadano se han ido ganando en los tribunales «porque no hay nada ilegal en las acciones que lleva la Coordinadora 25S». La activista considera que la norma elaborada por el Ministerio del Interior busca solo acallar las protestas con el fin de seguir aplicando políticas de recortes sociales. «No se trata ya solo de ir contra el 15M o el movimiento Rodea el Congreso, sino contra los derechos y libertades fundamentales», opina.
Una opinión que, con matices comparten el PSOE e Izquierda Unida, cuyos líderes reiteraron ayer que se movilizarán en la calle contra la norma.