Susana Díaz se muestra decidida a llevar a UGT a los tribunales

El PP le exige los expedientes de las ayudas de los últimos cinco años

Colpisa
Sevilla

La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, está decidida a llevar a los tribunales a UGT si se demuestra que hay menoscabo de fondos públicos y todo parece indicar que lo habrá. Díaz ha hecho de la lucha contra la corrupción la principal bandera de su mandato y ha expresado esta determinación en sede parlamentaria, mientras sus socios de Gobierno, Izquierda Unida, reclaman a la presidenta llegar hasta el fondo en la exigencia de responsabilidades y el PP le insta a personarse en la causa abierta en los juzgados por las facturas falsas.

Si la presidenta y secretaria general del PSOE andaluz lleva ante el juez al sindicato «hermano», fundado también por Pablo Iglesias, significará una ruptura sin precedentes en el interior del socialismo español.

Ambas siglas han ido de la mano desde antiguo y se recuerda cuando, tras el referéndum de la OTAN, Alfonso Guerra dio las gracias en primer lugar a UGT porque sin ella no habría podido conseguir la victoria en aquel pionero incumplimiento flagrante del programa electoral.

Más recientemente se ha atribuido a la movilización sindical los resultados de las últimas autonómicas, cuando el PSOE logró contra pronóstico retener el Gobierno pese a perder los comicios.

La crisis por las facturas falsas descubiertas en la federación andaluza pone el foco en las prácticas internas del gran sindicato y descubre no sólo irregularidades contables que pueden acabar en los tribunales, sino también unas estructuras complejas y poco transparentes. Amén de un submundo de luchas de poder que hasta ahora apenas trascendían. La dimisión del secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, puede ser el cortafuego que permita al líder de UGT, Cándido Méndez, salvar la cara de momento, pero necesitará medidas contundentes para resanar una institución que cuenta con 1,2 millones de afiliados. Además, las desviaciones de los fondos para formación podrían alcanzar al Instituto de Formación y Empleo, que depende directamente del comité confederal y por extensión de Méndez

El ERE que la central presentó el 30 de noviembre de 2012, y que afectaba a 159 trabajadores, fue el detonante de toda una cadena de revelaciones que han terminado por descabezar al sindicato andaluz. Algún despedido, que conocía bien las tripas de la organización, se marchó cargado de carpetas y documentos, cuya sucesiva publicación ha sido demoledora

No sólo hay gastos suntuarios poco acordes con el sindicalismo, también facturas falsas para gastos diversos que fueron pagados con fondos de la Junta de Andalucía que debían ir a otros fines, como formación de parados, negociación colectiva o mujeres discriminadas. Este martes se dará a conocer el informe que la Junta de Andalucía ha elaborado ante la insuficiente documentación que el sindicato presentó a un anterior requerimiento. De momento, se sabe que la Junta va a reclamar 1,8 millones de euros de dos de las partidas investigadas, pero existen sospechas sobre otras líneas, que suman 7,5 millones. Se investigan una treintena de ayudas y no se descarta que se amplíe a otras más. La cantidad supera en mucho los 115.000 euros que el sindicato había reservado para hacer frente a lo que llamó «diferencias contables»

Las denuncias apuntan a la gestión de Manuel Pastrana, secretario general desde 1997 hasta hace seis meses, y a su sucesor, el recién dimitido Francisco Fernández Sevilla, que fue su 'número dos' y hasta le suplió mientras estuvo enfermo. Pastrana impuso a Fernández Sevilla para marcharse cuando ya había empezaba a abrirse la caja de los truenos. Muchos pensaban que no estaba a la altura, pero una cierta 'omertá' y el sentimiento, un poco sectario, de que eran objeto de un ataque externo propició un cierre de filas que impidió una alternativa

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