La Fiscalía del Tribunal Constitucional avala las condenas a los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi y Rafael Díaz Usabiaga a seis años y medio de prisión que les impuso el Supremo por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune. El fiscal, en un informe presentado a la sala a la que recurrieron por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se opone a la concesión del amparo y consiguientemente la libertad, porque Otegi «pertenece en calidad de grupo político a ETA y no ha renunciado en ningún momento al uso de las armas».
El fiscal critica algunos aspectos de la sentencia de la Audiencia Nacional con términos como «anárquica», «poco rigurosa» y con deficiencias técnicas, pero avala los hechos probados por los jueces a través de numerosos indicios que «desvirtúan la pretensión de Otegi de pertenecer a un grupo neutro y autónomo».
El fiscal asegura, al contrario, que «pertenecían en calidad de grupo político a la banda ETA en el sentido de querer implantar en Euskadi y Navarra un Estado independiente del Estado español, socialista y revolucionario sin que para sus objetivos renuncien en ningún momento al uso de las armas y sin que en su trayectoria se haya condenado la violencia, ni en grupo ni individualmente».
La Fiscalía concluye que «no haciéndose una declaración expresa de la condena a la violencia, que nunca hicieron los demandantes, puede ubicarlos al otro lado de la legalidad».