El Gobierno reclama a las comunidades que deleguen la competencia de servicios sociales en los municipios

El Ejecutivo extenderá, además, todo el año año 2015 la posibilidad de que los ayuntamientos destinen su superávit a inversiones

<span lang= es-es >La Xunta pide «flexibilidad»</span>. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apoyó la reforma local, pero pidió más financiación para asumir nuevas competencias y también «flexibilidad» para su aplicación y para poder desarrollar una ley autonómica que atienda los rasgos propios de Galicia.
La Xunta pide «flexibilidad». El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apoyó la reforma local, pero pidió más financiación para asumir nuevas competencias y también «flexibilidad» para su aplicación y para poder desarrollar una ley autonómica que atienda los rasgos propios de Galicia.

Madrid / La Voz

La reforma local aprobada por el Gobierno respeta las competencias de las autonomías en la prestación de servicios sociales. Pero la intención del Ejecutivo es que las comunidades deleguen su gestión a los ayuntamientos. Así lo dejó claro ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Según aseguró, la administración municipal es la que «mejor» sabe prestar estos servicios, y por ello, y con el «máximo respeto» a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, el Ejecutivo va a «impulsar» la delegación de competencias.

Montoro anunció también que el Gobierno extenderá al año 2015 la posibilidad de que los ayuntamientos destinen su superávit a inversiones, algo que hasta ahora solo se contemplaba para el 2014. Hacienda estima que hay más de 6.000 ayuntamientos españoles que se encuentran en superávit y por eso Montoro hizo una encendida defensa de la administración municipal. Según explicó, las entidades locales han demostrado capacidad de financiación y de generar superávit. Adelantó que el comportamiento a final de este año será aún mejor que el pasado ejercicio. Pese a todo, insistió en que el objetivo de la reforma local no es reducir el déficit, sino asegurar la calidad de los servicios públicos. El ministro pudo constatar, sin embargo, el rechazo a la reforma local de toda la oposición y de todas las comunidades que no están gobernadas por el PP.

El PP se queda solo

Los populares se quedaron solos en la defensa de un informe que asegura que la reforma no invade competencias autonómicas. Algo que, a juicio del PP, respaldan sentencias del Tribunal Constitucional en las que se afirma que «el legislador estatal puede establecer la regulación normativa uniforme» para todo el territorio español. A ese documento se presentaron seis votos particulares en contra defendidos por el PSOE, IU y los nacionalistas de CiU, PNV Entesa pel Progrés de Catalunya y Amaiur. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias han anunciado ya su intención de recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade sus competencias. El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, advirtió ayer a Montoro de que Cataluña ostenta la competencia exclusiva sobre administración local y que el proyecto supone un «desprecio claro» del Estatuto catalán. Criticó que sea el Estado quien decida el papel de las diputaciones ante los ayuntamientos. El senador socialista y alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, aseguró también que el texto vulnera la Constitución y supone una recentralización en favor de diputaciones, comunidades y Gobierno.

Los representantes de las comunidades gobernadas por el PP dieron un voto de confianza a la reforma local, aunque advirtieron de que este proyecto debe acompañarse de una reforma de la financiación autonómica que ponga más recursos en manos de las autonomías para que estas puedan asumir nuevas competencias.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde por el PP de Santander, Íñigo de la Serna, respaldó la norma que ha recogido ya las principales propuestas de los municipios y en la que no hay, a su juicio, «rastro de vulneración de la autonomía municipal».

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