Las asociaciones responden que las palabras de los políticos «no valen nada»
10 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno se había comprometido con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo a intentar evitar la fotografía de una salida masiva de presos de ETA de las cárceles. El Ejecutivo ha fracasado en su intento. La decisión de la Audiencia Nacional de poner en la calle a nueve etarras sin esperar a la decisión del Tribunal Supremo sobre cómo interpretar el fallo del Tribunal de Estrasburgo que tumbó la doctrina Parot cayó como un jarro de agua fría entre los participantes de la vigésima reunión interparlamentaria popular que se cerró ayer en Córdoba. La decisión fue adoptada por nueve votos a favor y ocho en contra de los 17 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que su presidente, Fernando Grande-Marlaska, empleó su voto de calidad para romper el empate, según informaron fuentes jurídicas.
El presidente del Gobierno envió un mensaje de solidaridad y apoyo a las víctimas. Pero no pasó de ahí. Rajoy, sin citar de manera expresa la última decisión de la Audiencia Nacional, a la que se opuso el Ministerio Fiscal, reconoció en su discurso que son momentos duros y difíciles, especialmente para las víctimas. «Quiero decirles que más que nunca estamos con ellas», dijo el jefe del Ejecutivo y manifestó su profunda convicción de que «esta batalla la van a ganar la justicia y las personas de bien».
«Nos mienten, nos engañan»
Rajoy hizo estas reflexiones tras las duras acusaciones de las asociaciones de víctimas tras las excarcelaciones. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, sostuvo en una carta dirigida a toda la sociedad que los políticos «nos mienten y nos engañan». Sus palabras, añadió, «no valen para nada» porque «están vacías», porque prometieron que no habría excarcelaciones masivas de presos de ETA. «Quieren anestesiarnos y hacernos ver que no ha pasado nada», agregó Pedraza.
Las críticas al Gobierno llegaron también de otros colectivos. Nueve asociaciones de víctimas denunciaron en otro comunicado que el Ejecutivo ha actuado «con dejadez» y con un perfil «premeditadamente bajo» ante la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.