La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ciñó ayer al guion marcado el miércoles por Mariano Rajoy en torno al caso de las escuchas masivas. La número dos del Ejecutivo, quien además es la máxima responsable política del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), remitió todas las explicaciones a la comparecencia a puerta cerrada que el próximo miércoles protagonizará ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso el director de los servicios secretos, general Félix Sanz.
En opinión de la vicepresidenta, esa comisión, y no la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es el lugar idóneo para dar a la oposición «la información que estime oportuna de una manera discreta y oportuna».
Sáenz de Santamaría tampoco aclaró si fueron los servicios secretos españoles los que interceptaron millones de datos para entregárselos después a la inteligencia estadounidense, como declaró el pasado martes el director de la NSA, general Keith Alexander. «Los servicios de inteligencia en España están controlados por la garantía de un órgano jurisdiccional», explicó la vicepresidenta. Y aunque no quiso dar nada por cierto, sí reconoció que «de confirmarse algunas informaciones publicadas sobre el espionaje a líderes políticos europeos sería algo que indudablemente afectaría a la confianza y la relación mutua entre estados».
El general Félix Sanz insistió ayer en que todas las decisiones que se toman en su departamento cuentan con la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo, incluidas las escuchas. En caso de que estas llegaran a realizarse en territorio nacional sin consentimiento judicial constituirían un delito de espionaje, penado con uno a cuatro años de prisión. El director del CNI declinó hacer más comentarios por el imperativo legal que prohíbe a los miembros del servicio secreto desvelar detalles sobre sus procedimientos o relaciones con otros servicios de inteligencia.
El ex ministro de Defensa José Bono salió ayer en defensa del CNI. Aseguró que bajo su mando los servicios secretos nunca realizaron actividades ilegales y también se mostró seguro que tampoco lo han hecho bajo la dirección de Sanz.
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