Los partidos, de acuerdo en retocarla, difieren en qué y cómo cambiarla
29 sep 2013 . Actualizado a las 11:07 h.Tiene 35 años de vida y algunos achaques. La crisis institucional que trajo consigo la debacle económica y la consolidación del independentismo en Cataluña han agudizado un debate que llevaba años abierto, el de si ha llegado el momento de abordar una reforma de la Constitución para dar respuesta a las demandas de una sociedad que no es la de 1978. El principal partido de la oposición ha puesto sobre la mesa una propuesta con tres patas, la territorial, la del modelo económico, y la de la mejora de la participación ciudadana. Alfredo Pérez Rubalcaba asegura que se acabará abriendo paso, pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no percibe consenso suficiente para adentrarse en una tarea tan compleja y sustancial.
La demanda ciudadana para un cambio parece evidente. Los últimos datos del Centro de Investigaciones Científicas (CIS) al respecto se remontan a enero del 2012, apenas dos meses después de las elecciones generales en las que el PP se alzó con la mayoría absoluta, pero ya entonces más del 58,6 % de los consultados se manifestaron a favor de una reforma.
Nadie, entre las fuerzas parlamentarias, se encuentra en esa última posición. Ni siquiera el PP. El diputado Arturo García-Tizón, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, insiste en que el inconveniente está en las dificultades modificar un articulado en el que se han sentido cómodos «las izquierdas, las derechas y los nacionalistas». Las cuestiones a debate están claras.
Modelo de estado
Redefinición de las autonomías. El PP pone en valor que la de 1978 es la única constitución española que logró de manera «seria y exitosa» contentar a todos, pero reconoce que no ha logrado solventar las tensiones nacionalistas en Cataluña y País Vasco. Advierte, no obstante, de la complejidad que supondría modificar el Título VIII, el referido al modelo de Estado, porque cualquier variación en la actual «foto fija» de las comunidades chocaría con presiones territoriales de incierto desenlace. PNV y CiU se quejan de que su singularidad se ha perdido en una Constitución que intenta igualar a 17 territorios.
Exigen una reforma de calado, que no se quede en medidas cosméticas, el federalismo tampoco les vale, que permita consultar a vascos y catalanes si quieren ser o no una nación. También IU aboga por reconocer el derecho de autodeterminación en una España federal que, por lo demás, dice, podría ver reducido el número de comunidades. Los socialistas dan por bueno que Cataluña y País Vasco necesitan un reconocimiento expreso de sus singularidades, incluso en materia fiscal. Además proponen sustituir el Senado por un consejo territorial en el que estén representados los ejecutivos autonómicos y con capacidad legislativa plena sobre determinadas cuestiones. Pero rechazan taxativamente el derecho de secesión, algo que los distancia del PSC.
La Corona
Modernización. La posición de PP y PSOE haría difícil un cambio en la forma del Estado. Los socialistas sí querrían «modernizar» la institución y someterla a un tipo de control, en términos de transparencia, que hoy no permite el texto constitucional. Además, como el PP, considera necesario acabar con la primacía del varón en la línea sucesoria. Los republicanos de IU, sin embargo, afirman que el tipo de jefatura del Estado es simplemente una derivada más dentro de su esquema de democracia, pero no necesariamente el asunto más determinante. Y desde luego no consideran su modificación una gran urgencia. En el PNV y CiU apuntan que sería una frivolidad remodelar la Carta Magna solo para que la primogénita de don Felipe de Borbón pudiera reinar en el caso de que los Príncipes de Asturias tengan un varón. Los nacionalistas tampoco ven lógico que se intente posibilitar que el heredero actúe como rey sin serlo. Pero sí ven más decisivo una mayor transparencia.
Estado De bienestar
Blindar derechos. PSOE y IU sostienen que es preciso blindar constitucionalmente los derechos sociales y garantizar su prestación en términos de igualdad en todos los territorios. Sería tanto como poner el Estado de bienestar por encima de principios como el de la austeridad. IU dice que que eso implica suprimir el artículo 135 pactado de manera exprés por PP y PSOE en el 2011.
El estallido del 15-M hizo mella en la conciencia del PSOE. Rubalcaba ha afirmado en varias ocasiones que la reforma constitucional debería atender a la exigencia de mayor participación ciudadana en las decisiones políticas, aunque no ha sido muy concreto en los pasos a dar. En su día habló de un sistema electoral parecido al alemán, más proporcional que el español y con posibilidad de votar no solo partidos sino personas. Además, el PSOE plantea que se pueda recurrir al referendo para decidir sobre más asuntos y que puedan convocarse a iniciativa de un número determinado de ciudadanos con el fin de derogar total o parcialmente una ley, como en Italia. En ambos planteamientos coincide con IU.