Los abogados de Pamies y Ballesteros han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que los argumentos «se basan en la nada»
23 sep 2013 . Actualizado a las 18:33 h.El juicio sobre el chivatazo a ETA en el bar Faisán, del que están acusados dos altos mandos policiales, ha quedado visto para sentencia tras las conclusiones de las defensas y de las acusaciones, como la ejercida por el PP, que espera que éste no sea el último juicio sobre la filtración.
La quinta y última sesión de la vista ha tenido como protagonistas la exposición final de las acusaciones particulares y las defensas del exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, acusados de revelación de secretos y de colaboración con banda armada. Ninguno de los acusados ha querido hacer uso de su último turno de palabra.
Para las acusaciones particulares, ejercidas por el PP, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, ha quedado «acreditado» que el 4 de mayo de 2006 Pamies envió a Ballesteros al bar Faisán para que le entregara un móvil a su dueño, Joseba Elosua, a través del cual le alertó de la operación contra el aparato de extorsión de la banda en la que se iba a detener al miembro del PNV Gorka Agirre.
Alexis Godoy, abogado del PP, que solicita para los acusados 7 años y medio y 8 años y medio de prisión, ha mantenido que el motivo de la filtración fue político, tras lo cual ha defendido que es «imposible» sostener que el soplo fuera iniciativa de los acusados.
«No actuaron por iniciativa propia sino por instrucciones de otros (...), por las más altas instancias policiales y políticas. En primer lugar por el director general de la Policía que siguió también instrucciones de sus superiores», ha dicho el letrado del PP.
Y ha añadido: «Esperamos que no sea el último juicio del Faisán y que todos los responsables sean juzgados por esta delación policial».
Una filtración que, en opinión del PP como el resto de acusaciones particulares, tanto Pamies como Ballesteros sabían que tenía unas consecuencias y que el soplo «beneficiaba a unos y perjudicaba a otros».
Durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, Godoy ha considerado «inverosímil» la coartada que «fabricaron» los acusados sobre una cita con un confidente de ETA, apodado el Romano, y ha añadido que Ballesteros reunía el «perfil adecuado» para participar en la delación encomendada por Pamies. «Esta tesis alternativa no excluye su participación en la delación policial», ha agregado.
En esta línea, tanto el abogado de la AVT como la letrada de Dignidad y Justicia han asegurado que es «palmario» y «evidente» no solo que la filtración existió y que su motivación fue política, sino también que los indicios y las pruebas indirectas apuntan a los dos mandos policiales sentados en el banquillo como sus responsables.
Por eso, ha mantenido que el delito de colaboración con banda armada existió ya que, aunque no se compartan los fines u objetivos, ofrecer información o servicios a una banda terrorista supone contribuir con esa actividad delictiva y, por tanto, colaborar con una organización como ETA.
Durante la exposición, los tres letrados también han tratado de desmontar la coartada de los acusados de que Pamies encargó a Ballesteros vigilar la zona porque se iba a reunir con un confidente en el sur de Francia.
Vanesa Santiago, abogada de Dignidad y Justicia, ha tachado de «increíble e inverosímil» la cita y ha calificado al confidente como un «estómago agradecido» que dependía económicamente de Pamies y que mintió en la vista para devolverle esos favores.
Tras el turno de las acusaciones los abogados de Pamies y Ballesteros han solicitado la absolución de sus clientes al considerar que los argumentos esgrimidos se fundamentan en una instrucción «deficiente» y basada «en la nada».
«No son indicios, son concatenaciones. Cuestiones de fe que no han quedado acreditadas», ha asegurado María Ponte, letrada del exjefe superior de Policía del País Vasco, quien ha defendido en sus conclusiones que la llamada del chivatazo, que Fiscalía y acusaciones sitúan a las 11:23 horas del 4 de mayo de 2006 es falsa porque Elosua no se encontraba en su local sino en la perfumería de su hija.
Y es errónea la hora de la llamada del soplo, ha argumentado Ponte, porque la investigación dirigida por el comisario Carlos Germán no tuvo en cuenta los cortes en la cinta de videovigilancia del bar Faisán y el desfase en el horario de grabación.
Así, la llamada del chivatazo se produjo, según las defensas, entre las 11.17 horas y las 11.22 horas, un intervalo de tiempo en que no vincula las llamadas de los acusados, que se produjeron después del soplo.
También ha defendido que el confidente etarra con el que su cliente se había citado el día del chivatazo «existe» y que la reunión que iban a mantener ambos «no es ficticia ni inventada».
Respecto al delito de colaboración con banda armada, Ponte ha recordado que ni el dueño del bar Faisán ni el presunto miembro de ETA, José Antonio Cau, han sido condenados por pertenencia a ETA.