Los juzgados de lo Social, «desbordados» por la crisis

G. N. Redacción / La Voz

ESPAÑA

Así deja constancia la Físcalía General del Estado en su memoria del año 2012

17 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Como consecuencia de la crisis económica, los juzgados de lo Social están desbordados «a años vista», según deja constancia la Fiscalía General del Estado en su memoria anual correspondiente al 2012 -presentada ayer con motivo de la apertura del año judicial-. Los fiscales no pueden estar presentes en todas las vistas por demanda de despido en que es preceptiva su asistencia, y que son aquellas en las que se ha invocado la vulneración de derechos fundamentales, cuyo número creció de forma considerable. Y es que «de progresar tal invocación se declararía la nulidad del despido y el afectado podría acceder a una resolución que propicie la conservación del puesto de trabajo». La Fiscalía detecta, igualmente por la crisis, un «aumento notable» de delitos societarios.

Impago de pensiones

Abandono de familia. También la crisis incide en el incremento, anota la Fiscalía, de los delitos de abandono de familia (subieron un 9 % el número de calificaciones) y el impago de pensiones, en casi un 13%. Por otra parte, reconoce que el papel de la mediación en procedimientos de familia no logró hasta ahora un «auténtico despegue», causado en cierta medida por el recorte presupuestario.

Reproducción de roles

Aumenta la violencia sexista cometida por menores. Los casos de violencia sexista protagonizados por menores crecen un 33 %. Como principal causa de este comportamiento, la Fiscalía apunta a que, en la mayoría de los casos, reproducen roles característicos de la violencia contra la mujer entre adultos.

Violencia machista

Las denuncias falsas, «escasísimas». El pasado año se interpusieron 128.543 denuncias por violencia sexista y solo se incoaron 32 procedimientos por denuncia falsa, «escasísimo» porcentaje y suficientemente elocuente -reseña la Fiscalía- para acallar las voces que cuestionan la veracidad de las denuncias. Toni Cantó (UPyD) había provocado una polémica al sumarse a los que aducían esas dudas.

Penas de prisión

Propiedad intelectual. La Fiscalía propone que se tipifiquen como delito los enlaces a webs que violan el derecho de propiedad intelectual, con penas de prisión de seis meses a dos años para sus responsables. Sugiere reformar el artículo 270 del Código Penal, que en la actualidad castiga a quien «con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente» una obra literaria, artística o científica sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual correspondientes. La nueva redacción incorporaría «a quien facilite el acceso» a esas obras. El número de causas incoadas por delitos contra la propiedad intelectual descendió en el 2012 un 25% con respecto al año anterior, hasta un total de 1.152.

Preferentes

Solo en casos de engaño estructural. En relación con la venta de preferentes, consciente de la necesidad de unificar su papel en toda España, la Fiscalía remarca que solo actuará por la vía penal en los casos de fraude cuando existan indicios de que su comercialización fue estructuralmente engañosa, por la manipulación de los resultados de la entidad, o si se dan indicios de comercialización fraudulenta al cliente particular, aprovechándose de sus circunstancias. También insiste en que no puede dar asesoramiento ante las ofertas recibidas en los arbitrajes.

Presos Intransigentes

Riesgo de «escisión» en ETA. Alerta del riesgo de una posible escisión en el seno de ETA que incrementaría mucho la posibilidad «de ejecución de atentados terroristas». El peligro, arguye, viene dado por la posición «más intransigente» que mantienen «algunos cualificados militantes de ETA actualmente encarcelados en Francia, entre los que se encuentran los últimos jefes del aparato militar».

España en el objetivo

Creciente amenaza yihadista. Existe, dice la Fiscalía, un «riesgo elevado» de amenaza de atentado en territorio español por parte de organizaciones terroristas yihadistas a consecuencia de «los compromisos internacionales» que el país tiene en lugares como Afganistán, Mali, Líbano y Somalia.