La predisposición al diálogo expresada por el Gobierno tras la demostración de fuerza de la Diada, y sobre todo las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que afirmó que hay que «escuchar a la calle», hicieron crecer en Cataluña las expectativas de que Rajoy podría dar un giro a su política inmovilista respecto al actual conflicto. Pero no ha sido así. La firme posición expresada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría cuando el pasado viernes advirtió de que el Ejecutivo se limitará «a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes», hicieron comprender que García-Margallo es un verso suelto en el Gobierno.
La respuesta de Rajoy es un movimiento al más puto estilo del presidente del PP, convencido de que la mejor estrategia es siempre ganar tiempo, no referirse siquiera a los problemas sin solución y dejar que estos maceren. En este caso, no tenía otra respuesta porque Rajoy carece del mínimo margen a la hora de negociar una consulta. Cualquier cesión en ese terreno acarrearía un fuerte coste electoral para el PP, que ya sufre en las encuestas un duro desgaste fruto del caso Bárcenas. El líder popular cree que todavía puede frenar el conflicto catalán con una mejora sustancial de la financiación de Cataluña, sin llegar nunca a un pacto fiscal similar al vasco. Pero incluso en esa negociación se encontrará con la firme resistencia de unos barones del PP que no están dispuestos a otorgar privilegios a Cataluña en medio de la penuria financiera generalizada.